Los reclamos por la ola de suicidios en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 (Cefereso 16) en Coatlán del Río, Morelos, llegaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia pública realizada entre organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado Mexicano.
Desde Washington, un puñado de organizaciones de la sociedad civil denunció la falta de información sobre los avances de las investigaciones y cuestionaron los factores que han hecho que desde 2021 hasta el pasado 5 de noviembre, 19 mujeres hayan decidido quitarse la vida.
Pusieron sobre la mesa factores como el aislamiento en el que se encuentran las mujeres en esta prisión federal, resoluciones desfavorables a solicitudes de cambio de medida cautelar, la falta de atención especializada en materia de salud.
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Además, —refieren— se suma la denuncia penal en favor de 14 mujeres privadas de la libertad que han referido hechos posiblemente constitutivos de tortura, agresiones o acciones de sujeción forzada.
El tema fue expuesto por una decena de organizaciones que han dado seguimiento al tema, representadas por Cristopher Alexis Sánchez Islas, de la organización ASILEGAL, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Además de Nayomi Aoyama González de DOCUMENTA, Ariadne García Hernández de la Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Raúl Israel Hernández Cruz de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
En su oportunidad, la Magistrada Taissia Cruz Parcero, Directora del IFDP, destacó que “la Defensoría ha tenido que litigar el acceso a la investigación y que ésta se desarrolle bajo estándares de debida diligencia, lo que no ha ocurrido”.
Raúl Israel Hernández Cruz, de la CIDH acusó que “el Estado mexicano ha fallado gravemente en la implementación de medidas de prevención, investigación y no repetición”.
Y aun cuando diversos organismos de protección de derechos humanos como la CNDH o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han emitido recomendaciones e informes:
“En casos de muertes potencialmente ilícitas, como lo son las registradas en el Cefereso 16, es esencial aplicar protocolos de investigación como el de Minnesota, así como las directrices del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que establecen procedimientos y directrices para esclarecer las muertes en custodia, además se debe asegurar incorporar un enfoque de género en las investigaciones”.
“Las autoridades de procuración de justicia no han aplicado estos instrumentos en las muertes del Cefereso 16 ni han actuado con debida diligencia, lo que ha impedido que se determinen las responsabilidades penales del personal implicado por acción, omisión, aquiescencia o deber de saber".
“Por esta razón, las investigaciones de las muertes en custodia de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16 han sido sumamente deficientes”, señaló.
Nayomi Aoyama, de Documenta, acusó que las muertes de las mujeres en custodia del Cefereso 16 no son circunstanciales, ya que “parten de las falencias del Estado mexicano de garantizar que su política penitenciaria incorpore el enfoque interseccional y de género”.
De ahí que le solicitaron a la CIDH la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria que reúna a expertos en derechos humanos y género, salud física y mental, así como a representantes del sistema penitenciario, autoridades corresponsables, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y sus familiares para desarrollar un plan integral de respuesta a la situación del Cefereso 16.
Además, se pidió que la Comisión recomiende al Estado mexicano la emisión de una Alerta de Violencia de Género en el Cefereso 16, y que se inste al Estado llevar a cabo investigaciones rigurosas y con enfoque de género sobre cada caso de muerte en custodia ocurridas.
RM