Techaluta de Montenegro, el municipio más pequeño de Jalisco en extensión territorial, atraviesa una de las crisis de seguridad más delicadas de su historia reciente. Con poco más de tres mil 700 habitantes, según el último censo poblacional, y ubicado a 116 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hoy se encuentra en el centro de investigaciones estatales y federales por presuntos actos delictivos cometidos por integrantes de su propia corporación policial.
La situación, presenciada por MILENIO, se agrava por una reducción drástica de su estado de fuerza. Tras la baja de varios elementos que no aprobaron los exámenes de control y confianza aplicados a nivel estatal, la Policía Municipal quedó integrada por apenas seis elementos activos.
Ello, a pesar de que, de acuerdo con el Modelo Óptimo de Funcionamiento Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), debería contar con al menos 12 policías para atender adecuadamente a su población, bajo el criterio de 1.8 elementos por cada mil habitantes.
La escasez de personal ocurre en un contexto donde la vigilancia y la presencia policial son clave. La ubicación del municipio, a un costado de una de las vías carreteras más transitadas del sur de Jalisco, lo convierte en un punto sensible para la prevención de delitos, el traslado de mercancías y el combate a actividades ilícitas. Sin embargo, la institución quedó expuesta tras los hechos registrados a inicios de diciembre.
Otra policía municipal bajo investigación en Jalisco
La Fiscalía de Jalisco confirmó la apertura de una investigación por la posible participación de policías municipales de Techaluta de Montenegro en la entrega de armamento y dinero. El caso se originó el 3 de diciembre, cuando se reportó el robo de armas de fuego y alrededor de 170 mil pesos pertenecientes a la corporación.
Inicialmente, los elementos involucrados señalaron haber sido víctimas de un presunto fraude telefónico. Según esa versión, habrían recibido instrucciones para entregar el dinero y el armamento a un tercero que se identificó como personal de la Contraloría. No obstante, las declaraciones presentaron inconsistencias que encendieron las alertas de las autoridades estatales.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que la denuncia fue presentada por el propio municipio, pero al avanzar las indagatorias, las versiones de los policías resultaron poco creíbles. Como resultado de las investigaciones, dos policías municipales identificados como José de Jesús “N” y Jesús “N” fueron detenidos y posteriormente imputados por el delito de robo calificado. Ambos son señalados por su presunta responsabilidad en la sustracción de las armas y el desfalco económico a la corporación, hechos que dejaron aún más debilitada a la policía local.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La indagatoria se abrió tras el aseguramiento de armamento y equipo táctico en el municipio.
De acuerdo con información oficial, durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la carretera libre Guadalajara–Ciudad Guzmán, elementos de la Comisaría Policial Regional localizaron un paquete abandonado. Al revisarlo, encontraron una subametralladora, cinco fusiles, tres revólveres y 11 cargadores, además de cinco chalecos tácticos, cinco placas de kevlar y un forro de chaleco balístico.
En ese operativo no se reportaron personas detenidas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta para determinar responsabilidades y el origen del armamento localizado.
Los hechos ocurridos en Techaluta de Montenegro evidencian los riesgos de infiltración y colusión en contextos donde la supervisión, la profesionalización y el número de elementos resultan insuficientes. Mientras avanzan las investigaciones estatales y federales, el municipio enfrenta el reto de reconstruir su policía en una zona estratégica del sur de Jalisco.
La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que el comisario de Techaluta de Montenegro y cuatro elementos más presentaron el examen de control y confianza, luego de su intervención. Una vez que el municipio quedó desarmado por el supuesto engaño a los oficiales para que entregaran dinero y armamento a desconocidos, el funcionario estatal informó que la Secretaría de Seguridad del Estado les suministró armas y ha brindado apoyo para las labores de patrullaje.
Exámenes de confianza, una herramienta cuestionable
En México, los exámenes de control y confianza se han convertido en la principal herramienta para la selección y permanencia de los policías municipales, estatales y federales. Sin embargo, su eficacia como filtro para garantizar corporaciones confiables es cuestionada incluso por especialistas en seguridad. Francisco Jiménez Reynoso, doctor en Derecho e investigador de la Universidad de Guadalajara, detalla cómo funcionan estas pruebas y sus limitaciones en el contexto de Jalisco.
Recordó que estos exámenes fueron instituidos en México por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, hoy sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada: “Considero que sí hacen falta reformas, adecuaciones, ya que en este momento, pues las corporaciones policíacas no están en su mejor momento”.
El investigador advierte que casos recientes, donde policías son responsables de delitos graves, evidencian fallas en la selección de personal: “Muchos de los levantones que se llevan a cabo en el estado de Jalisco son perpetrados incluso por los mismos policías. Eso quiere decir que algo está fallando”.
Según el especialista, los exámenes buscan evaluar distintos aspectos del aspirante o del policía activo. “Examen médico, con la finalidad de ver cómo está el aspirante o el ya policía en su salud, porque recordemos que debe de gozar de una salud física”. Este examen analiza la condición física del candidato y su capacidad para soportar el estrés al que se enfrenta un policía en su labor diaria.
Otro filtro es el examen toxicológico, diseñado para detectar consumo de sustancias prohibidas o medicación que pueda alterar el sistema nervioso del policía. “Si se detecta que el policía o el aspirante a policía en un momento dado consume sustancias prohibidas, pues con ese simple hecho quedaría descartado”, señala Jiménez Reynoso.
El examen psicológico representa uno de los mayores retos. Se evalúa la reacción del aspirante ante situaciones de presión y provocación, con el objetivo de medir tolerancia y estabilidad emocional. Sin embargo, Jiménez Reynoso critica la forma en que se aplica:
“Es parte de la estrategia del examen de control y confianza para ver si los hacen salir de sus casillas o se alteran o comienzan a gritar o se tornan agresivos con el mismo evaluador… incluso vulnera sus derechos humanos”.
Otros componentes son el polígrafo, que detecta incongruencias en las respuestas de los aspirantes, y el examen de entorno socioeconómico y patrimonial, que busca conocer ingresos, gastos y hábitos financieros. “Aquí es donde pueden empezar a ponerse nerviosos y a contestar mal, pero no porque hayan hecho algo indebido, sino porque se les dificulta saber cantidades exactas”, explica.
En cuanto a la eficiencia de estas evaluaciones como filtro, Jiménez Reynoso es crítico: “Fueron creados para tener una mayor objetividad en la selección del personal y para sostener a las personas que están en su cargo; sin embargo, en mi opinión, pueden ser manipulables, lo cual carece de objetividad científica… eso me parece muy delicado, lo cual significa que no hay eficiencia en la selección de personal”. Señala que casos de corrupción y violencia cometidos por policías que aprobaron estos exámenes reflejan la necesidad de mejorar el sistema.
Falta coordinación entre municipios y el Estado
La situación es aún más compleja en municipios pequeños como Techaluta de Montenegro, donde la baja de elementos por reprobación puede dejar a la corporación prácticamente sin capacidad operativa.
“Deben coordinarse y solicitar el apoyo a nivel estatal de la policía del estado, así como de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas en regiones que son altamente peligrosas… incluso para hacer frente y el espíritu de toda corporación policíaca… es resguardar el patrimonio y la integridad de los ciudadanos”.
El especialista propone una serie de mejoras para fortalecer los exámenes y profesionalizar las corporaciones:
“Yo creo que es un avance que hay que tomar en cuenta, es la piedra angular que nos puede servir como base y de esta piedra angular hacer las reformas para tener mejores evaluaciones más objetivas… valernos más de la cuestión tecnológica, de criterios más objetivos, para evitar que tenga manipulación el evaluador o una tendencia para hacer preguntas que pueden perjudicar a buenos elementos”.
Agrega que la seguridad no solo depende de los exámenes, sino también de condiciones laborales dignas:
“Hablamos también de la dignificación de los policías a través de una jubilación digna, porque ellos tienen un trabajo en el que se expone su vida y hay un desgaste físico y emocional extraordinario”. Dijo que es fundamental que haya coordinación entre municipios, estado y fuerzas federales, y que las evaluaciones se conviertan en un verdadero instrumento de confianza y no en un filtro manipulable.
Jiménez Reynoso concluye que, después de muchos años de aplicación de estos exámenes, “sí hacen falta reformas, es tiempo”. La meta, asegura, es garantizar que los exámenes no solo depuren, sino que fortalezcan y profesionalicen a las corporaciones policiales, asegurando la confianza y seguridad de los ciudadanos en todo el estado de Jalisco.
JVO