El activista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de operar en favor del Cártel del Noreste, mediante acciones que incluyeron protestas, presión pública contra fuerzas federales y difusión de denuncias para desacreditar operativos militares.
Ramos construyó durante más de dos décadas un perfil como uno de los principales denunciantes de abusos militares en Tamaulipas. Desde el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acusó supuestos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura atribuidos.
Pero también encabezó protestas con civiles que confrontaban a los uniformados durante cateos u otros operativos. En más de una ocasión, esas manifestaciones derivaron en empujones.
A lo largo de los años de activismo de Ramos Vázquez, han surgido diferentes denuncias en redes sociales que muestran cómo defendía a sujetos vinculados con grupos criminales, que eran captados con armas largas o equipo táctico tipo militar.
Según la acusación de Estados Unidos, Ramos organizaba movilizaciones tras despliegues del Ejército y la Marina en Nuevo Laredo, donde acompañaba a familiares de presuntas víctimas con pancartas frente a instalaciones castrenses, en actos que derivaban en confrontaciones verbales y bloqueos.
El Departamento del Tesoro sostiene que estas acciones no eran espontáneas. Asegura que el activista financiaba protestas y promovía denuncias con el objetivo de “mejorar la imagen del cártel” y debilitar la presencia de fuerzas federales en una de las plazas más disputadas del país.
Casos emblemáticos bajo sospecha
Uno de los episodios más visibles ocurrió en febrero de 2023, tras la muerte de cinco jóvenes en la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo. El caso detonó protestas frente a instalaciones militares, con presencia de familiares acompañados por el activista, quienes cuestionaron la versión oficial del Ejército.
En agosto de 2022, tras la muerte de la niña Heidi Mariana en un operativo militar, Ramos también encabezó acciones de acompañamiento a familiares y denuncias públicas que obligaron a revisar la actuación de las tropas.
A estas movilizaciones se sumaron señalamientos sistemáticos contra la Secretaría de Marina (Semar), llevando incluso a la corporación a ofrecer disculpas públicas.
Las denuncias y protestas derivaron en consecuencias dentro de las fuerzas federales. Uno de los casos fue el del general brigadier Miguel Ángel Ramírez Canchola, quien fue removido como comandante de la guarnición en Nuevo Laredo tras señalamientos por presuntas violaciones graves a derechos humanos.
En el ámbito naval, mandos desplegados en la región también enfrentaron desgaste operativo y presión mediática tras las acusaciones impulsadas por el Comité, en un contexto de confrontación constante entre fuerzas federales y el Cártel del Noreste.
Entre los mandos señalados en el contexto de las denuncias impulsadas por Raymundo Ramos estuvo el almirante Marco Antonio Ortega Siu, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.
Acciones del activista favorecieron indirectamente al cártel: Tesoro de EU
La acusación de Estados Unidos plantea que este entorno favoreció indirectamente al grupo criminal, al debilitar la operación de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos como Nuevo Laredo y Reynosa, claves para el tráfico de drogas, armas y migrantes hacia territorio estadounidense.
El mismo activista que denunció abusos de fuerzas federales y acompañó a víctimas de violencia estatal es ahora señalado por el Gobierno estadounidense de operar en favor de un grupo criminal.
En Tamaulipas, la presencia del Cártel del Noreste se consolidó en la última década en ciudades fronterizas, con Nuevo Laredo como principal bastión. La región ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos y operativos federales, así como de denuncias constantes por violaciones a derechos humanos.
Las protestas posteriores a operativos, los bloqueos frente a cuarteles y la presión mediática formaron parte del entorno en el que se desarrolló la disputa por el control territorial, en una zona donde la acción de las fuerzas federales ha sido cuestionada, pero también determinante para contener a los grupos criminales.
Mientras tanto, el cártel figura como el único beneficiado.
AH