El ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien se encuentra preso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, entre otros, presentó una solicitud de juicio político contra el ex gobernador y el ex fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Yunes y Jorge Winckler, respectivamente.
La petición se realizó a través de su abogado Rodolfo de la Guardia García, y se presentó ante la presidencia de la mesa directiva del Congreso Local, por diversos hechos “que con apariencia delictiva se han cometido en mi agravio y el de mi familia”.
En el documento entregado, el ex mando policiaco durante la gestión de Javier Duarte, pidió indagar los delitos que se le imputaron a él y su familia por fraude procesal para obtener bienes inmuebles; tortura de la que fue objeto en el penal de Pacho Viejo, y por desaparición forzada.
“La encomienda de los servidores públicos que ingresaron al Centro de Readaptación Social fue la de torturarme, amenazarme y advertirme que, si no entregaba diversos bienes inmuebles en favor del ex titular del Poder Ejecutivo del Estado (Miguel Ángel Yunes), nuevas carpetas ministeriales serían judicializadas en mi contra y de mi familia. Al principio, resistí el embate y las amenazas de los funcionarios estatales.
“El personal que me visitó de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Jaime Ignacio Telles Marie me afirmó que el confinamiento que sufro y el trato que se dispensa a mi familia durante la visita se deben a instrucciones del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal antes mencionado. Una videocámara apunta de manera directa al interior de mi estancia impidiendo cualquier tipo de privacidad, al grado de que personal de custodia se acerca a amedrentarme señalando que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal me quiere siempre visible ante la cámara”, detalla el documento.
En el presente año, un juez federal otorgó una suspensión provisional a María Guadalupe Zurita García, madre de ex secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, Arturo Bermúdez, quien demandó la devolución de tres propiedades aseguradas en marzo pasado, porque dijo que le pertenecen a ella y no a su hijo.
MILENIO tuvo acceso a la resolución emitida por Jesús Arturo Cuéllar Díaz, juez Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz, donde mencionaba que las autoridades estatales no podían rematar ni transmitir la propiedad de los inmuebles que le fueron asegurados a la quejosa.
“Tampoco podrán sustraer los bienes muebles que ahí se encuentren, quedando bajo su más estricta responsabilidad el cuidado de éstos para evitar su maltrato, deterioro y/o pérdida”, detalla el acuerdo del juez federal.
María Guadalupe Zurita exigió la reposición de los inmuebles denominados El Plan de Aguacate, El Salto y el predio sin denominación que se localiza en la Congregación Lomas de Potrillo, pertenecientes al municipio veracruzano de Naolinco, incluidos los bienes muebles y cualquier otro que se encuentre en su interior.
Para acreditar su interés jurídico, la mujer presentó pruebas documentales; en el expediente se detalla, por ejemplo, lo siguiente:
“Escritura número 42,194, de cuatro de agosto de 2010, que contiene contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria celebrado entre J. Jesús Bermúdez Quezada como mutuante y Luis Miguel Laris Rodríguez como mutuario y garante hipotecario, por la cantidad de 20 millones de pesos y constituyendo la garantía hipotecaria sobre el predio rústico ubicado en la Congregación de Lomas de Potrerillo, del municipio de Naolinco, Veracruz”.
De igual manera, entregó como pruebas tres escrituras públicas más sobre los predios denominados Plan de Aguacate y El Salto, así como un contrato de cesión de derechos.
La quejosa indicó que el 23 de marzo del presente año, el juez de control con residencia en Pacho Viejo otorgó una orden de cateo para ingresar a las mencionadas propiedades como parte de la carpeta de investigación FGE/FIM/1174/2018 que se le sigue a su hijo.
En marzo pasado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz concluyó que el ex secretario Bermúdez Zurita no desvío recursos del gobierno estatal a empresas fantasma. El fallo del ORFIS es definitivo.
jbh