Tomás Zerón de Lucio podría pasar hasta 60 años en prisión. Esa es la sentencia máxima que quiere la Fiscalía General de la República para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien busca fincar acusaciones de tortura y hasta desaparición forzada de personas. Su escondite, sospecha la FGR, está en Estados Unidos, Belice o España.
Esa y más información forma parte de la ficha roja de Interpol contra un hombre que fue, en su momento, uno de los policías más célebres y condecorados del sistema policiaco mexicano y quien hoy, en un vuelco del destino, forma parte de una base de datos de prófugos que incluye terroristas, homicidas y narcotraficantes. Para la agencia internacional, Tomás Zerón ya tiene expediente, como otros fugados. El suyo: 2020/20462.
"En el mes de octubre de 2014, Tomás Zerón de Lucio, en su carácter en ese entonces de Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República de México, en el marco de la investigación relativa a la desaparición 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, presenció y toleró la tortura de detenidos para integrar la citada indagatoria", establece la ficha, girada en marzo pasado y obtenida por MILENIO.
¿De qué delitos se le acusa a Tomás Zerón?
Junto a una fotografía de Zerón, la ficha detalla los delitos con los que el fiscal Alejandro Gertz Manero busca sustentar su caso contra el ex servidor público: violación al artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el que se establece:
"Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión". Sanción: de 3 a 12 años de prisión.
También, violación al artículo 225 del código penal federal por “alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia". Sanción: de 4 a 10 años de prisión.
Y por último, una acusación de la que hasta el momento no se sabía: Desaparición forzada de personas, castigada en la Ley General en la materia. El artículo que la FGR quiere lanzar contra el ex director de la AIC es el 28:
"Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30".
Esa pena va hasta 60 años de prisión, justo la que aparece en la ficha de Interpol como la pena máxima aplicable a los presuntos delitos que se le fincan. Al lado, en el apartado Prescripción o Fecha de Caducidad de la orden de detención, se advierte: No prescribe.
"Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable", se establece en la ficha.
Tomás Zerón huyó de México
Tomás Zerón de Lucio huyó del país, informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. El ex director de la Agencia de Investigación Criminal es señalado por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso Ayotzinapa, por lo que cuenta con ficha roja de la Interpol.
En un mensaje a medios de comunicación, el fiscal general informó que ya se giraron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero acusados por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada, por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
"El día de ayer la FGR solicitó ante un juez de distrito de Procesos Penales Federales 46 ordenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del Estado de Guerrero", dijo en un breve mensaje a medios el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Caso Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, conocida como la "verdad histórica".Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que fueran incinerados los cuerpos y el actual gobierno reabrió las investigaciones.
Gertz Manero aseguró que esta nueva investigación abierta por la FGR se centra en la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas, por lo que no hay ningún "obstáculo procesal".
"Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles", informó.
Además, dijo que se enviaron nuevos restos humanos a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación.
"Se esperan resultados de inmediato", informó sin dar mayores detalles y agregó que "se acabó la verdad histórica".
Con información de EFE