Desde el autoexilio en Tel Aviv, Israel, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, se dijo víctima de una persecución política en México y aseguró que su objetivo es regresar al país con su familia.
En una entrevista concedida al medio israelí N12,el ex funcionario -quien es acusado de tortura y desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa- aseguró tener pruebas para demostrar la “persecución política” y explicó los motivos para permanecer en Tel Aviv.
“Yo tenía un servicio de seguridad a mi alrededor que me fue retirado tres veces. Recibí en su momento amenazas. Para mí era un riesgo que no tuviera yo seguridad. Y en su momento tomé la decisión de salir de mi país y fui a Canadá y posteriormente volé a Israel”, expresó.
En la charla que ofreció, el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó haber viajado a Israel porque no tiene tratado de extradición con México. Puntualizó que tampoco tuvo contacto con la empresa NSO Group, propietaria del software espía Pegasus.
“No hay forma (que comprueben un vínculo), yo no conozco a nadie de NSO, yo nunca me senté con ellos. No hay una prueba, que presenten una sola prueba”, retó.
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Durante la entrevista, habló de su participación en el operativo de captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en Mazatlán, Sinaloa, en 2014, donde recordó las primeras palabras que intercambió con el capo tras su captura.
“Comienzo a platicar con él sobre la detención. Si estaba bien, con quién estaba. Y él me dijo que estaba con sus hijas y que estaba con su esposa y una persona que asistía a su familia.
“En ese momento le dije: tu esposa va a estar bien. ¿Quieres hablar con ella? Y entonces él me dijo que sí podía. Y le digo: sí, podemos hacer una llamada. ‘Si me permite se lo voy agradecer’ (dijo el capo). No tienes nada que agradecer (respondió Tomás Zerón).
“Estuve ahí con él, viendo que lo certificaran (médicamente), que todo estuviera en orden, hasta que salió con destino hacia el penal”.
El ex funcionario dijo que una de sus intenciones es volver a México junto con su familia.
“(Estar lejos) no es una situación fácil. Al final mi objetivo es poder regresar a mi país, regresar con mi familia. Regresar con mi nombre y que se haga justicia”.
En mayo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una nueva carpeta de investigación contra el ex director de la AIC y otros tres ex funcionarios de primer nivel, a quienes se imputan delitos por la supuesta contratación y adquisición del malware Pegasus.
De acuerdo con la dependencia, en el contrato avalado en 2014 presuntamente participaron ex servidores públicos de la PGR, como la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano; el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz-Leal Ochoa, y el ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rigoberto García Campos.
Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
El monto de la operación, informó la FGR, fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración y “que nunca lo ha usado” la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente.
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