Un tribunal federal ordenó a un juzgado federal que entregue al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, copia de la orden de aprehensión que fue girada en su contra por su presunta responsabilidad los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado el recurso de queja que el ex funcionario interpuso, luego de que se le negaron las constancias que solicitó para conocer la imputación que realizó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).
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El tribunal dejó claro que el mandamiento judicial deberá entregarse integro y no una versión pública. En caso de que haya más personas implicadas, deberán ser testados sus nombres.
"A la luz de este criterio jurisprudencial, se colige que fue desacertada la previsión que se hizo en el auto impugnado, es decir, que al quejoso no se le pudiese expedir copia certificada y/o a través de cualquier medio electrónico de la orden de aprehensión combatida, pues si se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso, tal como ocurre en este caso, el Juzgado de Distrito puede autorizar dicha reproducción en el supuesto de que se le solicite. De lo contrario, el ejercicio de derecho fundamental de defensa del impetrante queda mermado", detalla la resolución.
El caso tiene que ver con la pesquisa que realizó la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), la cual responsabiliza al ex director que laboró en la Procuraduría General de la República (PGR) de torturar al presunto delincuente Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, identificado en el sexenio pasado como uno de los asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando, para poder justificar la denominada verdad histórica”, indica la carpeta de investigación judicializada contra el ex director de la AIC.
Se presume que el delito se cometió durante un interrogatorio en 2015, y en el mismo, Felipe Rodríguez Salgado fue “amenazado de muerte” para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
La FGR menciona en su imputación, que el 27 de enero de 2015, en conferencia de prensa el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomas Zerón, hicieron referencia a la detención de Felipe Rodríguez, “lo que confirma los actos de tortura de referencia”.
La orden de aprehensión fue otorgada el 23 de abril de 2021, por parte de un juez de control en la Ciudad de México.
DMZ