Paul Campo había pasado alrededor de 25 años en las filas de la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Empezó como agente especial en Nueva York y escaló hasta convertirse en subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras, el puesto desde donde se rastrean y congelan las fortunas de los capos en diferentes territorios.
Anunció su retiro en enero de 2016 y montó un negocio de consultoría. Pocos, muy pocos, sabían que realmente utilizaría todo lo aprendido en una de las agencias más poderosas de ese país para colaborar con los narcotraficantes que un día persiguió, lo que MILENIO pudo comprobar.
A finales de 2024, tras fuertes sospechas de las autoridades estadunidenses de su involucramiento con criminales, le enviaron a Campo y a su socio, Robert Sensi, un contacto confidencial –al que identificaron como CS-1– que se hizo pasar por integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que en realidad trabajaba para la agencia.
En esas primeras conversaciones, consultadas por MILENIO, Sensi –de 75 años de edad– presumió que Campo –de 61 años– había estado a cargo de las finanzas de la DEA y que todavía mantenía contactos con la cúpula del organismo gubernamental. Aseguró que el ex agente podía lavar dinero para las bandas del narcotráfico y que incluso tenía acceso a información sensible sobre fuentes e investigaciones en curso.
Robert Sensi y su socio aseguraron que podían lavar 12 millones de dólares de las ganancias del CJNG y plantearon varios métodos: inversiones en bienes raíces, tarjetas prepagadas, conversión de efectivo a criptomonedas y hasta contrabando de billetes.
Incluso ofrecían proveer de drones para bombardear objetivos, armas como rifles AR-15, M16, M4, lanzagranadas y lanzamisiles.
Campo planteó que, además, tenía otros “proyectos” en marcha, casos donde le habían pagado millones por recuperar dinero de clientes como “el jefe del CJNG”.
En una reunión que tuvieron el 10 de marzo de este año en un restaurante de Manhattan, en la Ciudad de Nueva York, el contacto CS-1 le preguntó directamente a Campo cómo podía estar seguro de que no lo arrestarían. Campo mostró su placa de la DEA: suficiente prueba de confianza.
Acordaron una comisión: cobrarían el 8 por ciento por convertir el efectivo del cártel en criptomonedas. Campo y Sensi se comprometieron a lavar hasta 12 millones de dólares. Para empezar, recibirían entregas más pequeñas de efectivo desde Carolina del Norte, donde el CJNG tenía operaciones activas.
“Bienvenido al puto cártel”
El 3 de junio de 2025, en una ciudad de ese estado, Charlotte, Sensi recogió los primeros 200 mil dólares en efectivo que supuestamente provenían del narcotráfico. Cuando terminó la entrega, el informante le dijo: “Bienvenido al puto cártel”.
Entre el 6 y 7 de junio, Campo y Sensi enviaron 187 mil dólares en criptomonedas –descontando su comisión– a una billetera digital que el informante dijo que pertenecía al CJNG, pero que en realidad estaba controlada por la DEA. Sensi mandó capturas de pantalla de cada transferencia como comprobante.
El 16 de julio hubo una segunda reunión en Manhattan. Ahí discutieron lavar otros 12 millones de dólares. Campo le explicó al informante algo que sólo alguien con su experiencia podría saber: que si importaba cocaína a Estados Unidos, podía ser acusado de un delito federal, sin importar si la cocaína era legal en el país de origen.
Era una advertencia disfrazada de consejo, el tipo de conocimiento interno que solo un ex alto mando de la DEA domina.
El 23 de septiembre, en otra entrega en la ciudad de Charlotte, Sensi recibió 300 mil dólares en efectivo dentro de una mochila negra. Luego se reunió con Campo y otros cómplices en un hotel de la ciudad. Seis días después enviaron 276 mil dólares en criptomonedas –nuevamente, restándole su comisión– a la billetera digital controlada por la DEA.
Pero el golpe final vino el 1 de octubre, en Boca Ratón, Florida, el informante les ofreció participar en una transacción directa de cocaína: más de 220 kilogramos que estaban por ingresar a Estados Unidos. Si querían entrar al negocio, tendrían que convertir el efectivo del informante en criptomonedas y entregárselo al dueño de la droga, quien luego liberaría el cargamento.
La fuente les dijo que vendería la cocaína por aproximadamente 5 millones de dólares y que Campo y Sensi se quedarían con el 30 por ciento de las ganancias –alrededor de millón y medio–, además de recibir un 10 por ciento adicional por convertir el efectivo en criptomonedas.
Campo entendió el trato: si no entregaban los 5 millones de dólares, ya no trabajarían más con el cártel. Pero si cumplían con ambas partes del acuerdo, establecerían una relación de largo plazo. Con ese entendimiento, aceptaron participar.
El 16 de octubre, en Manhattan, Sensi recogió 250 mil dólares en efectivo para la transacción de cocaína. Al día siguiente, él, Campo y sus cómplices enviaron 225 mil dólares en criptomonedas –descontando su comisión– a una billetera controlada por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por su siglas en inglés), pero que el infiltrado CS-1 dijo que pertenecía al dueño de la cocaína.
Cuando el dinero llegó, CS-1 escribió por mensaje cifrado: “¡¡Wow hermanos!! ¡¡Tomando posesión del producto AHORA!!!” y “¡¡Ahora tenemos que entregar y empezar a cobrar el papel hermano!!!”.
Campo respondió, en esencia, que Sensi podría reunirse con el contacto tan pronto como fuera necesario.
No hubo más reuniones. El historial de Paul Campo como subdirector de Operaciones Financieras de la DEA terminó convertido en una acusación federal por conspiración de narcoterrorismo.
Junto con Sensi, enfrentan cargos por lavar 750 mil dólares, facilitar el pago de 220 kilogramos de cocaína valuados en 5 millones de dólares, y conspirar para lavar hasta 12 millones de dólares de las ganancias del CJNG, una organización terrorista extranjera designada oficialmente por el Departamento de Estado en febrero de 2025.
En Colombia, con prostitutas
El caso de Campo es el más reciente en el que un ex agente de la DEA, con todos sus conocimientos, acepta trabajar para criminales.
Una revisión hecha por MILENIO en la Oficina del Inspector General y en el Departamento de Justicia revela que en la última década al menos 17 agentes y ex funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos fueron corrompidos por narcotraficantes en Estados Unidos y en Latinoamérica.
Aunque entre 2015 y 2025 se han hecho públicos pocos casos de la colusión de funcionarios de la DEA, estos permiten entender hasta dónde llegan las redes del narcotráfico en el continente americano.
El hecho es que en esta última década, se encontró que los agentes son susceptibles de ser corrompidos tanto en su país, Estados Unidos, como en México y Colombia. En esas naciones hay una fuerte presencia del crimen organizado.
El caso más antiguo es el de una investigación que fue revelada en 2015 y que involucró a 10 agentes de la DEA que trabajaban en territorio colombiano. En el reporte de la Oficina del Inspector General se describe que estos integrantes de la Agencia, entre ellos mandos y supervisores, habrían participado en fiestas con prostitutas pagadas por narcotraficantes colombianos.
No sólo eso: según el documento, los agentes involucrados habrían recibido dinero en efectivo, regalos costosos e incluso armas de parte de personas asociadas a esos cárteles locales. A pesar de la gravedad del caso, los nombres de los funcionarios no se citan en el reporte.
Otro caso del 2020 es el de José I. Irizarry, quien según el Departamento de Justicia utilizó la maquinaria antidrogas como caja chica. Este agente de origen puertorriqueño operó un esquema de lavado y fraude mientras servía como funcionario, desviando más de 9 millones de dólares en ganancias de narcóticos que formaban parte de operaciones encubiertas.
Aunque no aclararon el origen de esos recursos, se pudo establecer la culpabilidad del implicado gracias a las investigaciones conjuntas de la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia, Investigación Criminal del IRS, y el departamento de Seguridad Nacional. Aseguraron que recibió sobornos y comisiones ilegales por más de 1 millón de dólares.
“Irizarry... utilizó su cargo para impulsar las actividades criminales de un cártel de drogas violento” en Colombia, y con los recursos obtenidos el agente compró joyas, autos de lujo y una casa. Fue sentenciado a pasar 12 años en prisión en octubre del año 2021.
En México también hicieron de las suyas
Un caso que documentó este diario fue el de Manuel Recio, un veterano agente de la DEA que tras jubilarse en 2018, decidió montar su propio negocio, aprovechando los contactos y la información a la que aún tenía acceso.
Fundó la empresa de consultoría Global Legal Consulting, la cual brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores penales y también ayudaba a reclutar clientes.
A través de esta agencia que operaba con Juan Costanzo, un agente en activo de la DEA, vendieron información a narcotraficantes que querían saber si eran objetivo de investigación, si había acusaciones contra ellos y qué tan cerca estaba su detención.
La operación consistía en sacar datos secretos desde el Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la DEA (NADDIS, por sus siglas en inglés), una herramienta que contiene información sobre personas que están o han estado bajo investigación.
Los pagos que recibieron Recio y Costanzo iban desde los 2 mil 500 dólares hasta sobornos de 50 mil y 70 mil dólares, que eran entregados en efectivo o en cheques de caja a sus familiares.
La operación no se limitó a filtrar información a los delincuentes: también buscó blindarse mediante relaciones con mandos de la Agencia. Cuando Nicholas Palmeri fue designado en 2019 para dirigir la región de México y Centroamérica, Recio y Costanzo hablaron como si ese nombramiento les abriera el terreno completo.
En el expediente se describe que, antes y alrededor de ese periodo, Palmeri aceptó beneficios como asientos premium para un juego de los Yankees y cenas costosas, con gastos cubiertos por los mismos actores que participaban del esquema y por abogados que se beneficiaban de las filtraciones de estos dos.
John Costanzo Jr., agente de la DEA, fue sentenciado a cuatro años de prisión, y Manuel Manny Recio, ex mando de la DEA, fue condenado a tres años de cárcel.
Paul Campo es el caso más reciente: fue acusado de conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, un cargo delicadísimo.
“Al participar en este plan, Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA. El CJNG es una organización criminal violenta y corruptora que los neoyorquinos quieren desmantelar”, dijo ese día el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde Estados Unidos: con la mafia italiana
Otros casos en los que los agentes de la DEA fueron corrompidos por narcotraficantes ocurrieron en 2021, cuando Chad Allan Scott, un agente antidrogas que, en lugar de perseguir a traficantes, habría usado su cargo para manipular casos y apropiarse de los bienes de un narcotraficante.
Este funcionario fue investigado inicialmente por la Policía Estatal de Luisiana y después por autoridades federales. Chad Allan fue sentenciado a pasar 13 años de prisión por cargos relacionados con corrupción.
En 2022 se reveló uno más: un ex supervisor de la DEA, Nathan Koen, fue sentenciado a 135 meses de prisión federal en Little Rock, Arkansas, por aceptar sobornos de un traficante de drogas que, según las descripciones, “era mexicano”.
Otro caso se revelaría en 2024: el del ex agente Joseph Bongiovanni, quien habría protegido a amigos, asociados y personas que él creía vinculadas al crimen organizado italiano en Buffalo, en el estado de Nueva York, filtrándoles información de investigaciones, identidades de informantes y tácticas policiales.
Fue condenado a pasar 20 años en prisión y pagar una multa de 250 mil dólares.
MD