Entre los millones de dólares que la constructora Odebrecht movió en México, vía su relación con Emilio Lozoya, varios sirvieron para pagar cuentas en casinos de Las Vegas, Nevada, ecoturismo y joyerías.
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De acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto y a la que MILENIO tuvo acceso, de las cuentas bancarias 0588880982, de Banorte; la 1820778, de Monex, y la 0172268949, de BBVA Bancomer, se realizaron 62 transferencias a diferentes beneficiarios por 17 millones de dólares y por 5 millones 310 mil 666 pesos.
La ruta del dinero llegó hasta los exclusivos centros de apuestas de Las Vegas The Mirage Casino Hotel, donde se gastaron 35 mil dólares, y al MGM Grand Hotel, donde se pagaron cuentas por 105 mil dólares.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, detectó transferencias de dichas cuentas entre julio de 2013 y junio de 2017 que tuvieron como destino las joyerías Novell Studio Inc., dedicada a sortijas de compromiso, con 21 mil 500 dólares; Helzberg Diamonds, con 13 mil 530 dólares, y Deutsch Deutsch con 3 mil 897 dólares.
También se pagaron clases de aviación en el simulador Cae Simuflite Inc. de Richmond, en Estados Unidos, por 19 mil 698 dólares, recorridos de pesca de Marlin en Parker DBA Marlin Magic Lures de Honolulu por 2 mil 771 dólares y hasta la realización de un encuentro de golf en el Tournament Promotions Inc. por 8 mil 714 dólares.
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Se pagó a la sociedad texana Ainara Investments 680 mil dólares, a la inmobiliaria panameña PTY Properties LLC 579 mil 168 dólares, y a la aseguradora Bupa Insurance Company 53 mil 6 dólares.
A la compañía de sociedad de responsabilidad limitada con sede en Inglaterra, New Millennium I. Investments se realizaron 112 transferencias internacionales por 6 millones de dólares.
A la Constructora Internacional del Sur S A de Costa Rica tres transacciones por 3 millones 800 mil dólares, a Generador Inc. una transferencia por 2 millones 900 mil dólares y a la empresa fantasma, Innovation Research Engineering and Development LTD por un millón 200 mil dólares, que era intermediaria para llevar a cabo las transferencias realizadas por Meinl Bank Antigua Limited a Blunderbuss Company de México.
También se giraron 30 cheques a nueve personas por 5 millones 310 mil 686 pesos, que fueron pagados en efectivo del 26 de marzo de 2010 al 2 de octubre de 2012.
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El mayor beneficiario de éstos fue Joel Rodríguez Gutiérrez, a quien se le giraron 17 cheques por un monto de 2 millones 960 mil 648 pesos, seguido de Rigoberto Hernández Islas, con tres por 538 mil 324 pesos.
BRASIL-TAMAULIPAS
El dinero provenía de Odebrecht Ingeniería y Construcción de México domiciliada en Ciudad de México bajo el RFC OIC151203HM2, dedicada a la “construcción, extracción de petróleo crudo y gas natural”.
La filial de la brasileña en México tenía 28 cuentas en diferentes bancos, como Banamex, Banco del Bajío, Casa de Bolsa Base, HSBC, Santander, CI Banco y Banorte.
Desde éstas se transferían cientos de pagos, entre otros, a Odebrecht Servicios, que recibía recursos en dólares y era el camino directo a la empresa TTG Consultores S.C, con domicilios en Tamaulipas y Nuevo León, dedicada a servicios de “auditoría y contaduría”.
De acuerdo con la UIF, Odebrecht Servicios pagó a TTG Consultores SC sobornos por 3 millones 754 mil dólares entre agosto de 2010 y febrero de 2011.
TTG Consultores tiene como apoderado/representante a Julio César Flor García y a Beatriz Isabel Treviño de la Cerda, así como a José Francisco Ríos Ávila como “firma autorizada” que se encargaban de distribuir el dinero proveniente de Odebrecht en las 24 cuentas de la firma.
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Uno de los principales beneficiados fue el abogado fiscalista José Luis Terán Álvarez, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST), perteneciente a la red de universidades Anáhuac.
De acuerdo con la UIF, el litigante es fundador de García Terán & Torres Asociados, el cual realizaba trabajos de auditoría y administración para Odebrecht, en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que en 2013 impulsó con el gobierno del entonces mandatario de Veracruz, Javier Duarte.
MILENIO publicó esta semana que Odebrecht y Duarte acordaron construir una presa en la comunidad de La Antigua, a cambio del apoyo de la firma brasileña a la campaña a gobernador.
Terán Álvarez operó una red de 12 empresas fantasma de Veracruz; una de ellas es Blunderbuss Company de México, que fue utilizada por el departamento de sobornos de Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, EU y México.
Blunderbuss Company de México está dedicada a la “construcción de vías de comunicación” y desde sus cuentas de Banorte, Monex y BBVA Bancomer se realizaron 62 transferencias a diferentes beneficiarios por 17 millones de dólares y por 5 millones 310 mil 666 pesos, que llegó a casinos en Las Vegas, joyerías, ecoturismo, clases de pilotaje y pago de seguros, entre otros.
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Sobre la conexión Odebrecht-Tamaulipas, la fiscalía de ese estado pidió a la FGR tener acceso a los audios y videos de la declaración de Emilio Lozoya para desprender nuevas líneas de investigación contra tamaulipecos involucrados en hechos delictivos.
El fiscal Irving Barrios dijo que esperan que a más tardar en un mes la autoridad federal les pueda conceder esos datos.
“Tenemos conocimiento de que existen hechos de delito en Tamaulipas derivado de investigaciones que tienen su origen en contratos de empresas en administraciones anteriores y pudieran estar vinculadas con personajes o empresas que tienen que ver con Odebrecht.
“Después nos enteramos de que empieza a haber declaraciones que involucran al señor Lozoya con personajes tamaulipecos y que esas fueron de las acciones que están vertidas ante autoridades y que están en una carpeta en la FGR”, dijo.
La solicitud ante la FGR es con base a un convenio de colaboración para poder solicitar este tipo de información. “Se trata de ver si lo que se dice o lo que se pudo haber declarado existe en una primera instancia y de ahí se pueden desprender más líneas de investigación.
“Nosotros no podemos afirmar hasta no tener los elementos constitutivos y poder encuadrar más prescripción o no de los delitos, desde el momento en que se cometió el delito o cuándo se volvieron a reactivar las investigaciones, entonces sería muy aventurado decir que fueron delitos prescritos o no”, señaló.