Un Tribunal Federal ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente haber participado en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato de PRI a la Presidencia de la República en 1994.
El caso fue impulsado por el extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien revivió la teoría del segundo tirador.
Pero el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, determinó que no hay pruebas que lo vinculen con el crimen que cometió el magnicida Mario Aburto Martínez, quien cumple una sentencia de 45 años de prisión.
Además, el Tribunal señaló que el delito del que se le acusó a Sánchez Ortega prescribió hace 12 años.
En su resolución publicada el pasado viernes, el Tribunal señala:
“Se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional. Segundo. Se revoca el auto de término constitucional de 15 de noviembre de 2025, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, en esta sede, en la causa penal 6/2025”.
Además, el Tribunal Federal decretó el sobreseimiento de la causa, es decir, dio por cerrado el caso.
“Se ordena la inmediata libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, en lo que se refiere única y exclusivamente al ilícito y causa penal de la que deriva el presente asunto, sin perjuicio de que pueda permanecer recluido por encontrarse vinculado a diverso asunto por la comisión de distintos delitos”.
Ministerio Público
En este asunto la FGR ya no puede actuar. La única posibilidad para revisar el caso la tienen en sus manos las víctimas del delito, es decir, la familia del excandidato presidencial a través de un amparo.
Sin embargo, los hijos y familiares del candidato se han pronunciado por cerrar el caso e incluso han pedido la liberación del único responsable, Mario Aburto.
Antecedentes
En noviembre pasado, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México determinó que había elementos que hacían presumir la participación del exagente en el crimen cometido por el autor material.
Por ello, dictó auto de formal prisión contra Jorge Antonio por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en la hipótesis de coautoria.
Jorge Antonio Sánchez permaneció interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Una de las pruebas admitidas por el juzgador fue la declaración de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto que afirmó que el exagente del Cisen visitó en diversas ocasiones al magnicida, semanas antes de perpetrar el crimen.
La otra prueba era una chamarra que conservaba rastros de plomo, es decir, de que disparó un arma de fuego.
En 2023 y 2024, la FGR solicitó aprehender a Jorge Antonio Sánchez, pero las órdenes fueron negadas por Jesús Chávez Hernández, quien era el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, por no existir elementos que hicieran presumir su responsabilidad en el magnicidio.
En septiembre de 2025, la FGR lo intentó de nuevo y pidió la orden, asunto que cayó en manos del juez Daniel Marcelino, quien otorgó el mandamiento judicial. Por esta razón, el exagente fue aprehendido el pasado 8 de noviembre en Tijuana.
Cabe mencionar que, el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, Luis Donaldo Colosio fue asesinado.
Por este crimen, Mario Aburto Martínez cumple una sentencia de 45 años de prisión, después de que fue señalado como tirador solitario.
No obstante, el día del crimen también fue detenido Antonio Sánchez, agente del Cisen, debido a un rastro de sangre en su ropa, pero horas después fue liberado porque se afirmó que no había disparado alguna arma de fuego.
Corte
El 23 de octubre de 2024, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que un Tribunal Federal otorgó a Mario Aburto, quien buscaba recobrar su libertad tras cumplir 30 años preso por el homicidio de Luis Donaldo.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para que se escuche a las víctimas del crimen.
Ante esta situación, la sentencia de 45 años de prisión continúa firme y vence en 2039.
LG