Un Tribunal Federal revocó la sentencia que amparó al fundador y presidente de GIN Group, Raúl Manuel Beyruti Sánchez, ‘El Rey del Outsourcing’, por lo que podrá ser aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) una vez que lo localice tras casi tres años de permanecer prófugo.
Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito rechazaron amparar al empresario.
Manuel Beyruti buscaba comparecer por videoconferencia ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, que ordenó su captura.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que el presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos, fue apercibido en dos ocasiones por no presentarse ante el juez de control.
El Tribunal Colegiado calificó de fundados los argumentos de la fiscalía e indicó que, si el quejoso fue apercibido en dos ocasiones de que debía acudir presencialmente a la audiencia inicial, ya que él mismo la solicitó.
“Entonces, debió justificar su incomparecencia a la audiencia donde se generó el acto reclamado, pero no condicionarla a que se llevara por medios electrónicos y en tiempo real”, mencionó.
Asimismo, los magistrados coincidieron que la celebración por videoconferencia no es una opción porque, implicaría pasar por encima de los medios de conducción legales y, sobre todo, porque no es factible construir un andamiaje paralelo para que se cumpla con el propósito de la orden de aprehensión.
“Por todo lo dicho, es claro que ninguna relevancia tiene la circunstancia de que el quejoso aduzca ser de la tercera edad y se encuentre en situación de salud delicada, pues estos temas hubieran sido relevantes sólo en el supuesto de que se hubiera declarado inconstitucional la orden de aprehensión reclamada y se hubiera explorado como un efecto concesorio que pudiera ser conducido a proceso por otro de los medios legales.
“De modo que no tiene razón cuando alega una conculcación a su derecho a la salud, pues si bien el Estado tiene la obligación de garantizarla al nivel más alto posible, lo cierto es que está prerrogativa fundamental está enfocada en el disfrute de servicios de salud a través de la atención médica, pero no a una condición subyacente y circunstancial como la pretendida por el quejoso: que deba llevarse a cabo la audiencia inicial por videoconferencia…”, detalla la sentencia del Tribunal.
La orden de aprehensión fue concedida el 27 de septiembre de 2021, ya que la FGR presume que Beyruti Sánchez probablemente recibió 4 millones 335 mil 705 pesos de cuatro empresas factureras por concepto honorarios asimilados.
Los depósitos presuntamente se realizaron entre 2014 y 2017, de compañías que fueron constituidas en San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México, entre 2008 y 2015.
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