Un tribunal federal rechazó tumbar la orden de aprehensión contra Francisco Natalio Zamudio Isbaile, ex tesorero del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la sentencia de una juez federal que negó conceder la protección de la justicia al ex colaborador de Gerardo Sosa Castelán, ex presidente de dicho patronato, quien desde hace unas semanas goza de la medida cautelar de prisión domiciliaria, debido a su precario estado de salud.
Por unanimidad, los magistrados determinaron que contra Francisco Natalio hay datos de prueba suficientes que hacen presumir que se realizaron depósitos, transferencias y retiros de los recursos de una empresa que nunca estuvo operando, “ya que no se contó con algún registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de empleados, tampoco se realizaron declaraciones ante la autoridad hacendaria desde 2011 hasta 2014 y, menos aún emitió comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’S)”.
“De ahí que, contrario a lo que debate (Francisco Natalio Zamudio Isbaile) sí existen indicios de su intervención para imputarle que las conductas de retirar y transferir los recursos, pues de los anteriores datos de prueba se evidencia que la empresa analizada si bien fue constituida por diversas coimputadas, de las visitas que realizaron los oficiales al domicilio donde se registró la negociación…en Pachuca de Soto, Hidalgo...fueron atendidos por…quien les manifestó que ese lugar se los prestaba el peticionario de amparo para vivir ahí, porque su madre trabajaba con él en un despacho”, detalló.
La FGR imputó a Gerardo Sosa Castelán y a Natalio Zamudio de utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la UAEH; lo anterior consta en la causa penal 263/2020, donde se menciona que 2011 a 2018, a través de la empresa Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 200 mil pesos.
Por estos hechos, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, decretó prisión preventiva oficiosa contra Gerardo Sosa, María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso.
En el presunto lavado de dinero participaron la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.
“Por tanto, adversamente a lo que reclama el aquí recurrente, hasta este momento se cuenta con datos suficientes para estimar que sí realizaba las conductas atribuidas, porque no obstante que la empresa fue constituida por diversas personas y según él, solo ellas tenían facultades para realizar las operaciones financieras, hay indicios de que eran sus empleadas”, menciona la sentencia.
DMZ