Integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos en Hidalgo señalaron que el uso de la fuerza que permite el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes ante el Riesgo de un Linchamiento, elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), puede acrecentar las situaciones de violencia colectiva y rechazaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) avale el uso de las armas de fuego o de fuerza letal cuando se trate de hechos graves.
Reyna Torres Juárez, presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH), señaló que el uso de la fuerza por parte de la policía estatal hacia civiles en caso de linchamiento es un tema muy delicado.
“Tener un protocolo si bien da una orientación de la actuación es muy preocupante que en éste se contemplen medidas como usar armas en contra de la población, lo vemos con preocupación”, sostuvo.
El Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes ante el Riesgo de un Linchamiento establece que en la atención de un riesgo de linchamiento en el caso de no existir una respuesta favorable para solucionar el conflicto la persona de seguridad al mando ordenará al personal policial instrumentar las acciones para advertir a la multitud que se desista de realizar actos contrarios a derecho a través de la persuasión o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes no letales y utilización de armas de fuego o de fuerza letal.
“Debiese ser un plan integral de prevención en casos de linchamientos, sobre todo la responsabilidad está en las autoridades tanto de seguridad y judiciales en cuanto a garantizar el acceso a la justicia que sea pronta y eficaz para evitar que la población caiga en este punto crítico de linchamiento”, agregó Torres Juárez.
Puntualizó que el que el Protocolo permita el uso de la fuerza en contra de civiles en caso de un linchamiento más que permitir una solución o una atención a la problemática puede acrecentarla y llevar a situaciones que se pudieran lamentar.
“El uso de la fuerza contra civiles no es una de las primeras opciones para poder atender una problemática; creo que lanzar un protocolo así sin un plan integral que toque de fondo el punto medular que es el acceso a la justicia incluso puede enviar un mensaje erróneo hacia la población, lanzando un protocolo así autorizando el uso de la fuerza contra civiles prácticamente los está dejando en una indefensión”, dijo.
Consideró que antes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Protocolo debe de ser socializado con las organizaciones defensoras de derechos humanos para que puedan realizar aportaciones, “eso sería lo más recomendable, sobre todo en este punto delicado del uso de la fuerza”.
Sin uso de armas
Ana Lara Vargas, integrante de Colectiva de Mujeres contra la Violencia, rechazó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo avale el uso de armas de fuego o de fuerza letal en los casos de linchamientos cuando se presenten situaciones graves.
“Eso no puede avalarse en ninguna circunstancia porque sería tanto como avalar las ejecuciones sumarias y eso un organismo de derechos humanos no puede avalarlo y no se puede permitir si lo que estamos queriendo es el respeto a los derechos humanos de las personas, eso va totalmente contra derechos humanos”, sostuvo.
Consideró que un principio el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes ante el Riesgo de un Linchamiento diera la impresión de que sea un protocolo adecuado porque se trata de una situación de emergencia en la que tiene que actuar la policía, “pero hay puntos que no están muy claros como son el uso de la fuerza y que pueden usar armas”.
Recordó que se tiene el antecedente del menor del estado de Puebla que perdió la vida por una bala de goma utilizada por un elemento de seguridad de esa entidad, “entonces qué tipo de armas les van a permitir utilizar cuando intervengan en este tipo de conflictos”.
Puntualizó que lo primero que se requiere es que se capacite a los cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos para saber cómo van a actuar en los casos de linchamientos.
Celebró que el Protocolo incluya a mediadores de conflictos, sin embargo, insistió que también deben ser capacitados, “de otra manera van a llegar y no van a saber.
Añadió que ser mediador de conflictos es toda una especialidad, “no es nada más de que se mande a tratar de media con palabras para disuadir, ser mediador de conflictos implica toda una preparación que es compleja”.