En la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán trabajos de inteligencia e investigación detectaron que al menos 250 personas realizaban la actividad de vigilancia para alertar y proteger a José Antonio Yépez, alias "El Marro" e integrantes del Cartel de Santa Rosa de Lima, actividad mejor conocida como "halconeo" confirmaron fuentes de primer nivel a MILENIO.
En algunos casos, algunas personas que realizaban la función de comunicar información a la agrupación delictiva sobre la ubicación, actividades, operativos de las autoridades, entre otros detalles llegaban a recibir por persona hasta 50 mil pesos a la semana, trascendió de manera extraoficial.
Entre las personas señaladas como presuntos responsables del "halconeo" en la zona de Santa Rosa de Lima, se encuentran desde habitantes de la comunidad, al igual que policías municipales, y hasta elementos de corporaciones federales.
Además de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán otros municipios donde se registraba esta actividad son Celaya, Cortázar, Juventino Rosas, Salamanca.
El estado de Guanajuato podría convertirse en la tercera entidad en contar con una ley que tipifica como delito las acciones de "halconeo", pues en Nayarit y Nuevo León ya existe una norma que castiga dicha actividad.
MILENIO publicó que en el triangulo del "Huachicol" de Guanajuato los criminales también usan a mujeres y niños como escudo ya que son reclutados para manifestaciones y bloqueos por 300 pesos por persona a la semana confirmaron fuentes cercanas a la investigación.
Para protegerse, José Antonio Yépez, alias "El Marro" y líder Cártel Santa Rosa de Lima, pagaba a un grupo conformado por 300 mujeres aproximadamente que eran contratadas y recibían un pago semanal según el número de personas que llevaban a las manifestaciones.
La tarea que tenía cada una de las mujeres era salir a manifestarse y llevar por obligación a dos niños para conformar un grupo más nutrido, además tenían como misión gritar consignas e insultos contra uniformados sin importar la corporación a la que pertenezcan.
“Les pagan semanalmente pero tienen que salir a manifestarse cuando se les dice, cada una tiene la obligación de llevar a dos niños y hacerla de pleito (sic) además tienen que gritar consignas que les pasan por Whatsapp o mensajes de celular, además otra de las obligaciones es bloquear el paso cada vez que se les ordene” señaló la fuente.
"Halconeo" es delito en algunos estados del país
Fue en 2011, es decir hace más de 7 años, que el Congreso de Nayarit aprobó por unanimidad la "ley antihalcón", a fin de tipificar como delito la vigilancia, acecho y espionaje para interceptar transmisiones de las corporaciones de seguridad pública.
Dicha ley, sanciona el uso de prendas, insignias o distintivos similares a los de agentes policiacos, así como la falsificación o alteración de identificaciones oficiales. De la misma forma, quienes usen en sus automóviles distintivos u otros objetos de uso oficial incurrirán en delito, con una sanción de prisión de uno a seis años y multas de 200 a 400 días de salario mínimo a quienes porten uniformes oficiales sin pertenecer a una corporación o intercepten comunicaciones radiales.
Mientras que para quienes se dediquen a vigilar y comunicar la pena es de dos a 10 años de cárcel y multa de 200 a 400 días de salario mínimo. Estas sanciones aumentarán hasta en 50 por ciento cuando se trate de adultos que utilicen a menores de edad para perpetrar los delitos mencionados.
En el mismo año, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Nuevo León aprobó modificaciones a la Ley de Seguridad del Estado para tipificar el halconeo como delito cuando sea cometido por miembros de corporaciones policiacas.
La reforma detalla que se configurará el espionaje cuando integrantes de instituciones de seguridad pública del estado, fuerza civil, policías municipales o corporaciones de tránsito porten equipos de radiocomunicación distintos de los oficiales al momento del pase de lista o en el ejercicio de sus funciones.
Anteriormente en este estado el "halconeo" era una falta administrativa pero tras la modificación se convirtió en un delito que se castiga con prisión de tres a 15 años e inhabilitación de 10 años.