El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que este gobierno irá por las "cabezas" de la evasión tributaria en México, cuyo “saqueo” asciende a 2.5% del PIB, es decir “casi tres veces el Aeropuerto de Ciudad de México”, 10 años de operaciones de la Guardia Nacional y 50 años de servicio de la Secretaría de Economía.
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En entrevista con MILENIO, el funcionario dijo que se trata de delincuentes organizados que ahora hasta pagan mensajes contra la reforma fiscal para seguir operando a través de empresas factureras, por las que el erario deja de percibir 750 mil millones de pesos, de acuerdo con los últimos datos de la Unidad de Política Fiscal de Hacienda.
Luego de participar en la conferencia Verdades y mentiras de la reforma fiscal, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el procurador sostuvo que la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 resulta indispensable, porque en este momento “las herramientas que tenemos para combatir la evasión son limitadas".
Aseguró que la nueva norma permitirá realizar investigaciones con el uso de inteligencia, así como de infiltrados, mediante “escuchas” (intervenciones telefónicas con orden judicial) y la aplicación de criterios de oportunidades, "para poder realmente desactivar estas redes criminales”.
El funcionario reconoció que se ha emprendido una campaña contra la reforma, porque "estamos tocando muchas fibras sensibles…sí hay grupos que se están viendo afectados y por eso hay resistencias".
“Con las investigaciones que tenemos actualmente es muy complicado llegar a las cabezas que nos llevan a tener empresas de papel, millones de impuestos, pero no encontramos entre los propios papeles que tenemos quién se llevó el dinero o quién lo sacó en efectivo”, agregó.
Señaló que los delincuentes organizados que se dedican a evadir y defraudar al fisco lograron infiltrar a las instituciones, por lo que el gobierno implementará una estrategia para contraatacarlos.
Al preguntarle si es posible acabar con este saqueo fiscal, comentó: “Ojalá podamos acabar con ello, pero cuando menos, hemos calculado que se va a minimizar su uso por supuesto, cantidades no las puedo dar, pero al final de cuentas vamos por ellos…que todo mundo sepa, aquí sólo vamos por las cabezas de los grupos de factureros que son los que realmente son delincuentes organizados”.
La misión: cambiar la cultura tributaria y combatir al crimen
Durante su ponencia en el INACIPE destacó que se trata de “cambiar la cultura tributaria, si ya se está gastando responsablemente el dinero, el Presidente está cuidando cada peso que gasta el gobierno federal, si ya los ciudadanos que trabajan en el gobierno ya no ganan lo que ganaban antes, ya no hay gastos superfluos y se está llenado realmente al desarrollo, pues vamos a contribuir todos bien”.
El procurador fiscal reiteró que ahora “la política fiscal que se está impulsando es cambiar la cultura tributaria, la gente se acostumbró a no pagar, a que no había consecuencias, se soltaron las riendas del control de la autoridad fiscal”.
Dejó en claro el nivel del daño: “analizamos cuál es el problema que nos aqueja y fueron las empresas factureras. El monto evadido por esquemas de facturación ilegal es 2.5 por ciento del PIB, es decir 750 mil millones de pesos, es decir casi tres veces el Aeropuerto de la Ciudad de México, 10 años de la Guardia Nacional o pues es cerca de 50 años de la Secretaría de Economía, es decir son cantidades absolutamente inmensas lo que se deja de percibir por éstas empresas factureras”
“En 2016 con la entrada del nuevo sistema de justicia penal los delitos fiscales no ameritaban prisión preventiva oficiosa y fue cuando se disparó la actividad de los factureros, de todos aquéllos delincuentes que se organizaron para vender facturas o crear empresas con el objeto de defraudar al fisco federal”, reveló Romero Aranda
Las factureras están “constituidas por personas de escasos recursos, resulta que es una covacha lo que tienen como domicilio fiscal, pero tiene una facturación inmensa con ingresos y salidas millonarias”.
Por ello, con la reforma se buscó equiparar a los factureros con delincuentes organizados, “con el objeto de que podamos tener infiltrados que puedan meterse en la agrupación criminal para saber cómo mueven el dinero, quiénes son los clientes, quiénes participan en ella”.
“Queremos tener escuchas, que mediante una orden de un juez podamos escuchar a los integrantes de la organización criminal para saber cómo operan; ya sabemos que manejan casas de seguridad donde guardan el efectivo, que lo tienen en bóvedas, bueno, entonces ir por el dinero y traerlo al fisco federal”, expuso Romero Aranda.
También detalló “que queremos que estos criminales que son peligrosos no estén en la calle, los queremos en la cárcel, queremos prisión preventiva oficiosa, y dentro de todo esto queremos tener criterios de oportunidad, es decir, testigos protegidos que nos permitan saber quién es la cabeza”
A los detractores de la reforma les dijo que ésta “no es impositiva ni arbitraria, tampoco unilateral…tampoco vamos a criminalizar a la pobreza, vamos por las cabezas”.
RLO