La tarde del martes se dio a conocer que Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa de León, fue vinculada a proceso penal luego de encontrársele elementos por el delito de fraude simulado, hecho que por tratarse de una investigación no procederá a prisión preventiva, si no hasta que se constituyera como una acusación.
La vinculación procedió tras una investigación por la presunta contratación de una firma durante su mandato, encontrando en esta un pago por 580 mil pesos a favor de una empresa de la cual no hay elementos de la realización de ese trabajo; se investiga por el mismo motivo a Silvia Irene Ortega, quien fungió como representante legal de la empresa en cuestión.
Tras el hecho Bárbara Botello ofreció una rueda de prensa virtual, en la cual señaló que fue debido a irregularidades de la empresa que se está armando un cuadro fáctico donde se apunta a un fraude, destacando que no corresponde a la presidenta el realizar contratos, si no únicamente dar su firma en estos.
"Para que exista un fraude tiene que haber un concurso de voluntades, un acuerdo previo a firmar el contrato, donde todo vaya destinado a obtener un beneficio de la administración municipal... aquí no ha quedado claro ni siquiera cuál es la participación de la presidenta, ni siquiera de la propia representante legal en el fraude ¿Cuál fue el acuerdo o concurso de voluntades? no está claro.", señaló.
Mencionó que la acusación ha distorsionado los hechos, pues tratándose meramente de un asunto civil se procedió por lo penal por cuestiones electorales.
"Me queda claro que se han despilfarrado muchísimos millones de pesos en perseguir a mi administración, han desatendido o distraído, recursos humanos y recursos económicos de la Fiscalía para este tipo de temas que realmente si hubieran encontrado algo, desde hace muchos años este asunto pudiera haber tenido un final; sin embargo lo vuelven a reiniciar o lo vuelven a reactivar en esta época."
Tras la audiencia de vinculación Botello Santibáñez señaló que recurrirá al recurso de apelación ante el Tribunal, mostrándose además dispuesta para comparecer ante la Fiscalía para realizar las aclaraciones necesarias; Mientras tanto el Ministerio Público solicitó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.