En 5 años, Centro Prodh recibió 100 quejas por tortura sexual

Derechos humanos. Las agresiones contra mujeres, bajo custodia judicial y durante su detención o previo a la toma de declaración; incluyen violación, introducción de objetos o ataques físicos en partes íntimas.

Mónica Esparza fue detenida arbitrariamente junto con su esposo y hermano en 2013. (Jorge Luis Menéndez)

Abraham Reza y Elia Castillo

De 2015 a 2020, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recibió al menos 100 quejas de mujeres que fueron torturadas sexualmente por autoridades judiciales durante el desarrollo de algún proceso legal.

De acuerdo con Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, este tipo de agresiones sexuales pueden incluir violación, introducción de objetos, agresiones físicas en las partes más íntimas y/o la amenaza de cometer esos actos.

La violencia es ejercida hacia mujeres bajo custodia judicial y durante su detención o previo a la toma de declaraciones.

“No existe un registro oficial, pero en el Centro Prodh hemos recibido al menos 100 quejas, todas de mujeres que se encuentran o se encontraron detenidas siendo sujetas a procesos penales federales y que sostienen que sus declaraciones fueron arrancadas a partir de tortura sexual”, explicó Zamora.

Una de estas historias es la de Mónica Esparza, quien fue detenida arbitrariamente junto a su esposo y hermano por policías de Torreón, Coahuila, en 2013.

Los policías municipales que llevaron a cabo su detención los acusaron, sin pruebas, de ser secuestradores y de portar armas exclusivas del Ejército.

Por más de 14 horas fueron retenidos ilegalmente antes de ponerlos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República, después los llevaron a una bodega, donde fueron golpeados y torturados; Mónica además padeció de tortura sexual.

Como resultado de las agresiones que sufrieron los tres, el esposo de Mónica murió, luego ella y su hermano fueron encarcelados y pasaron siete años en prisión preventiva.

El jueves pasado, el juez Yuri Alí Ronquillo finalmente los absolvió por falta de pruebas. Esa causa y la existencia de tortura sexual por parte de las autoridades, es lo que permitió a Mónica estar en libertad, asegura Zamora, representante legal de la familia Esparza.

“Se trata de certificados médicos realizados a Mónica desde el momento de la detención y que acreditan la tortura”.

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humano conoció el caso y emitió una recomendación en la que validó la existencia de retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria contra las víctimas.

Al igual que Mónica, su hermano Édgar dejó el jueves el Cefereso 14 en Gómez Palacio, Durango.

En entrevista para MILENIO con Alejandro Domínguez, Mónica pidió que la Fiscalía General de la República confirme su sentencia absolutoria.

“Pido a la fiscalía que mi sentencia quede confirmada para volver a empezar mi vida, hacer planes, construirme, quiero que la resolución quede firme, tranquilidad, paz para mi familia y es todo, ya lo pasado es pasado, aprendí a vivir con ello”, señaló.

Mónica estuvo sin sentencia siete años sin ver a sus hijas quienes viven en Torreón mientras a ella la enviaron a Morelos: “Agradezco que alguien haya por lo menos visto las cosas realmente como eran y que me den la libertad después de siete años. Como se lo dije al juez, ya no pedía justicia, sino que fuera justo”, compartió.

Recordó su salida del penal el jueves por la noche.

“Tenía mucho miedo, el día se me hizo eterno desde que me notificaron mi libertad, lloré mucho, pero en cuanto vi a todas las personas que me acompañaron, que estuvieron conmigo, lo primero que hice fue aventarme con ellos, abrazarlos, llorar; eran muchas emociones encontradas".

Mónica anunció que no procederá legalmente contra las autoridades que la detuvieron y dijo que solo desea continuar con su vida.

El 11 de marzo pasado, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados publicó en la gaceta parlamentaria un proyecto de decreto con el cual buscan reformar el artículo 27, fracción V, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, esto con la intención de ejemplificar a qué se refiere la fracción cuando se habla de tortura sexual.

La modificación contempla agregar un segundo párrafo a la fracción en el cual se especifique que la pena que se dicte al agresor se duplicará cuando la víctima sea sometida a cualquier tipo de forma de violencia sexual, haya incluido “la desnudez forzada, las amenazas verbales, insultos y burlas sexuales, así como otras formas de agresiones previstas en el Protocolo de Estambul”.

Si bien esta ley contempla el doble castigo para quien utilice la tortura sexual durante algún proceso, no ejemplifica en la fracción V qué tipo de conductas son.

Y ADEMÁS

DENUNCIAS, ANTE CONSEJO DE LA UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, anticipó que llevará las denuncias de acoso sexual reportadas en los planteles al Consejo Universitario, y advirtió que “habrá sorpresas” para casos fundamentados.

Destacó que se reunió con las autoridades y comisiones encargadas de vigilar la legislación interna de la institución, tras conocer la serie de denuncias.

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