A pesar de estar casi a 20 kilómetros del centro de Chihuahua, al norte del país (media hora), la carretera que pasa frente al Cereso Estatal No. 1 se llena con gente que viene a visitar a sus familiares que se encuentran en reclusión. Viejos camiones azules pasan cada 15 minutos y dejan en el portón principal del Cereso a madres, padres, hijos y parejas de quienes están aquí. Dos guardias portando rifles automáticos les reciben con los buenos días.
Es sábado, y en el Cereso femenil, familiares y grupos religiosos se forman para que la ropa y comida que traen para las mujeres que aquí se encuentran sea inspeccionada. Después de que una guardia revisa cada prenda y casi cada bocado, fotografía a las y los visitantes para tener un registro de quién entra y quién sale.
Pero a Clara no la visita nadie. Su familia, su madre y sus dos hijas viven en Hermosillo, Sonora, a unos 700 kilómetros al oeste por carretera. No tienen los recursos para hacer el viaje de más de 12 horas en camión. Solo mantienen contacto por teléfono.
Clara, como miles de mujeres en México, se defendió de un hombre que amenazaba con matarla a golpes; por ello sobrevivió al feminicidio. Pero ella y las demás mujeres que se defienden de un agresor se enfrentan a un sistema jurídico que las criminaliza. Terminan perseguidas legalmente y encarceladas a pesar de que el Código Penal federal claramente les permite defenderse de amenazas contra su propia vida.
En Chihuahua, ante la ausencia de la actuación de las autoridades para dar justicia a las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en Derechos Humanos asumen la defensa de estas mujeres, pero la atención que requieren es integral, pues a la falta de acceso a la justicia, se suman los traumas y los sentimientos de culpabilidad, incluso después de ser liberadas.
En Chihuahua, el vacío de justicia lo ha llenado el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que desde 2006 representa y contribuye al acceso a la justicia de niñas y mujeres que viven violencia de género en la región.
Además de servicios legales, psicólogos que trabajan en conjunto con el CEDEHM dan terapia para mujeres, que como Clara, sobreviven a la violencia.
TRAS LAS REJAS, LA SOLEDAD
Clara viste de gris de pies a cabeza el uniforme del Cereso femenil de Chihuahua. Su cabello luce un moño pero algunos cabellos rebeldes caen sobre su cara. Hace un año y dos meses que ingresó al lugar.
Aunque no esté esposada, camina con sus manos detrás de su espalda. En el trayecto de su celda a una sala de conferencias donde será entrevistada por Cimacnoticias, bromea con la custodia que la lleva. Pese al encierro que vive, lejos de sus familiares e hijas, asegura que “aquí está más tranquila que cuando estaba con su pareja”.
“De hecho, esto me ha servido como una experiencia en mi vida,” dijo Clara. “Dios sabe por qué hizo las cosas y me trajo a este lugar. Pero me he sostenido de pie porque tengo a mis hijas y mientras ellas estén bien, estoy bien yo.”
Desde el inicio de su relación con Andrés, Clara vivió violencia. Vivían con sus hijas en la casa de la mamá de Clara, en Sonora; ahí ella tenía un negocio de peluquería. En varias ocasiones, cuando Andrés la agredía, ella llamó a la policía para que se lo llevaran, pero inmersa en el círculo de violencia, volvía con él.
Cuando Andrés encontró trabajo en una mina, ambos se mudaron con sus hijas a Ciudad Madera, al noroeste de la capital chihuahuense, pero su situación económica era precaria porque aunque Andrés decía que trabajaba, nunca tenía dinero. Clara dependía del apoyo de su madre para darle de comer a sus hijas. Cansada de la violencia y de la situación económica, un día le dijo que se iría de Chihuahua con sus hijas.
Una noche de 2017, Clara le volvió a decir a Andrés que se iría con sus hijas, pero al terminar la frase, él la golpeó y tomó un cuchillo… Clara se defendió. Le hizo dos heridas, una de muerte. Salió a pedir ayuda a sus vecinos y cuando llegaron los servicios de emergencia y las autoridades, fue detenida inmediatamente.
Después de ser trasladada al Cereso de Chihuahua, fue presentada ante un juez de control con defensoría pública, quien presentó testigos que afirmaron que Clara vivía violencia por parte de su pareja, pero el juez la vinculó a proceso porque según él la defensa no fue proporcional ya que el agresor presentaba dos heridas. La legítima defensa no se reconoció en el caso de Clara.
Clara dice que ha aprendido mucho de las demás mujeres que se encuentran en el Cereso y que son como sus hermanas. Ha aprendido a valorar la vida, su familia y ha desarrollado un amor por la lectura. Ha encontrado una nueva devoción a Dios gracias a los menonitas y evangélicos chihuahuenses que visitan a las mujeres en reclusión.
Ella quiere salir del Cereso para estar con sus dos hijas, quienes ahora viven con su madre en Sonora. Pero por lo menos ahí, en el Cereso, Clara siente tranquilidad y se recupera del trauma provocado por la violencia que vivía y el homicidio que tuvo que cometer para resguardar su propia vida.
Abogadas expertas en Derechos Humanos de las mujeres aseguran que aunque en efecto, mujeres como Clara hayan cometido un homicidio al matar a su agresor, el Código Penal federal excusa el crimen siempre y cuando lo hagan en legítima defensa.
Pero para quienes son acusadas de homicidio después de defenderse es difícil entender que tienen este derecho. Una sensación de culpa comúnmente está presente en las mujeres que, por defender su vida, matan a su agresor, explicó la abogada y coordinadora del área de delitos de género en el CEDEHM, Yanimiriam Valdez Baca. Agregó que esto puede complicar la defensa de estas mujeres, ya que en procesos acelerados se declaran culpables.
Por ello, afirma que debe trabajarse cada caso a través de un acompañamiento psicosocial para las mujeres y sus familiares, no solo porque los hechos son traumatizantes, también porque no reconocen inmediatamente que tienen el derecho a defenderse de una violación a sus derechos humanos básicos.
Las mujeres tendrían que saber que es su derecho defenderse cuando su vida corre peligro y eso recae en todos los involucrados en el proceso penal, pero para los Ministerios Públicos que se enfrentan a estos casos es mucho más fácil acreditar un homicidio que trabajar para acreditar la legítima defensa.
En México, el sistema penitenciario carece de estadísticas actualizadas sobre el número de mujeres encarceladas por defender su vida cuando se encontraban en una situación de violencia extrema, por lo cual el alcance de la criminalización que viven queda invisibilizado, lo que obstaculiza su acceso a la justicia.
Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género
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