No lo sabemos. Pero más allá de la indignación sobre la brutalidad del feminicidio de Ingrid Escamilla, ¿cómo impedir que medios de comunicación vuelvan a publicar imágenes revictimizantes?, ha sido la pregunta más debatida esta semana, y sigue siendo una tarea titánica para el futuro.
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La rabia de las mujeres se hizo sentir el pasado viernes frente a la puerta del Palacio Nacional. “Presidente indiferente”, y “México feminicida” decían las pintas en los muros, mientras las mujeres gritaban: “Nos están matando” y “Ni una más”. La protesta también se escuchó adentro, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Pero éste, cuestionado ante el feminicidio, se limitó a decir que condenaba cualquier acto de violencia, y que se debía de castigar a los perpetradores de los crímenes. No se pronunció sobre la actuación de los medios.
Respuestas evasivas y reacciones tardías fueron lo que las feministas habían criticado durante toda la semana. El 10 de febrero, las portadas de los periódicos de la nota roja salieron a la venta, pero no fue hasta el 11 de febrero por la tarde que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó las publicaciones a través de un tuit, y el Inmujeres hizo un llamado público a los medios de comunicación para asumir una ética informativa. Precisó que la difusión de imágenes de hechos delictivos desde la apología del delito, con saña y morbo, generan revictimización, banalizan la violencia, y atentan contra la dignidad, la intimidad e identidad de las víctimas y sus familias.
También el 11, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) difundió un comunicado donde rechazó la manera en la que los medios de comunicación trataron los titulares, y pidió a los medios respetar la dignidad de las personas.
El 13 de febrero, la Segob anunció en un comunicado que investigará a los medios de comunicación que difundieron las imágenes del feminicidio de Ingrid, una tarea que le corresponde de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “El caso de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir”, destacó el comunicado.
La Segob señaló que existen por lo menos dos códigos de ética, el Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, signado en 2016, y el “Pacto para colaborar en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en México”, entre medios impresos y Unesco, UNAM y GAMAG. Pero justo el último es un ejemplo que los tratados voluntarios son difíciles, cuando los firmantes siguen una filosofía mercantil.
El 16 de noviembre 2019, la directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Martha Ramos, firmó el Pacto, que promueve la “erradicación de la apología de la violencia”, así como una “ética de las noticias” sobre violencia contra las mujeres; sin embargo, no impidió que el periódico más grande de la OEM, La Prensa, publicara las fotos de Ingrid en primera plana.
Y aunque el 14 de febrero publicó un editorial donde dice que “acepta equivocaciones y sabe escuchar”, y que “hemos entrado a un proceso de revisión más profunda”, queda la pregunta si los editores pensarán en su compromiso la próxima vez que les llegan fotos de una víctima de feminicidio.
Existen sanciones en la Ley sobre Delitos de Imprenta que van de 20 a mil pesos, o un arresto de 8 días a 11 meses para publicaciones que constituyen un “ataque a la moral” o al “orden público”, pero ¿Alguna vez se ha sancionado a una casa editorial? Y en caso afirmativo, ¿Una multa de 20 pesos, impediría a un medio de publicar fotos revictimizantes, cuando puede hacer ganancia?
En el caso de las o los servidores públicos que filtraron las fotos, la fiscalía capitalina investiga a seis personas pertenecientes a la policía y a la fiscalía, y dice que pueden enfrentar hasta sanciones penales. Pero hasta ahora, faltan los ejemplos que demuestran que el Estado realmente sanciona a estas actuaciones.
De acuerdo con la magistrada de la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, Celia Marín Sasaki, quien ha conocido de diversos casos de feminicidio: “Que se lleve al ámbito penal por omitir, un delito de servidores públicos por no aplicar la perspectiva de género, en toda mi vida de juzgadora nunca lo he visto”.