La resistencia de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) por decretar en Alerta de Violencia de Género (AVG) a Ciudad de México cuestionó los intereses de esta institución, creada en 2009, para gestionar acciones encaminadas a frenar las agresiones a mujeres y niñas en todo el territorio nacional.
Organizaciones de la sociedad civil, madres de víctimas de feminicidio en la capital del país e integrantes de la academia sumaron sus firmas el pasado 8 de octubre en una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que reclaman la renuncia de la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos, por obstaculizar el decreto del instrumento para salvaguardar la vida de las mujeres y niñas en Ciudad de México.
El pasado 13 de septiembre, el juzgado tercero de distrito en materia administrativa resolvió un amparo que interpusieron organizaciones civiles y ordenó a la Conavim decretar la AVG en Ciudad de México, en reconocimiento de un contexto de violencia feminicida. Pero la comisión ha dilatado el proceso al interponer un recurso de revisión del amparo que tardará aproximadamente dos meses en resolverse.
La integrante del Grupo de Trabajo que atendió la petición de AVG en la capital, la doctora en derecho Aleida Hernández Cervantes, ha sido testigo de los obstáculos que ésta y la anterior administración de la Conavim —bajo la dirección de Ángela Quiroga Quiroga— han interpuesto para evadir la declaratoria de alerta en CdMx.
En entrevista con Cimacnoticias, Hernández Cervantes consideró que el problema se origina en que la Conavim es un organismo desconcentrado de la Segob, la entidad encargada de la política interior del país y que está en constante negociación con los gobiernos de las entidades federativas.
Con ello, las resoluciones de las alertas de género en este y otros casos han dependido de cálculos políticos; “qué les puede implicar a las entidades federativas si le ponen la etiqueta de la AVG, qué costos políticos tiene eso, costos electorales, de la imagen pública de quien está gobernando”, cuestionó.
A ello hay que sumarle el menosprecio a las temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres y de la violencia feminicida, que cobra la vida de nueve de ellas al día en el país, agregó la también académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
El proceso para activar la AVG en Ciudad de México comenzó en septiembre de 2017, cuando Miguel Ángel Mancera gobernaba la urbe. En medio del contexto electoral para la Jefatura de Gobierno, la Conavim frenó la resolución del decreto de la alerta hasta la entrada de la morenista Claudia Sheinbaum, violando así el proceso establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El mismo juez de distrito reconoció en su sentencia que la Comisión Nacional perdió de vista el estado de emergencia de la AVG, “prolongó la indefensión en la que se encuentran las mujeres y niñas de Ciudad de México”, y “no cumplió en todos los actos tendientes a salvaguardar su integridad”.
Al final, dijo la doctora en derecho, las titulares de la Conavim son las que tienen que pagar el costo. “De pronto no se plantan para defender los derechos de las mujeres, con todo lo que implica, si sus jefes les piden la renuncia. Prefieren que les soliciten la dimisión a quienes tienen que dar resultados concretos: las organizaciones, las víctimas, la sociedad civil”.
Para tener una Conavim más autónoma y mejores resultados en las alertas de género (que están activas en 18 entidades), la académica propuso reformular la manera en que se elige a la comisionada, que actualmente es a través del Presidente.
Se debe pugnar por un proceso más plural, articulado desde la sociedad civil, la academia y las organizaciones, “de tal manera que la titular deba su puesto a la ciudadanía y no dependa de las órdenes de la o el secretario de Gobernación en turno”.
Asimismo, asegurar que la comisión cumpla con el objetivo por el que fue creada; ser una institución pro activa para sancionar, erradicar, eliminar la violencia contra las mujeres, en lugar de ser una “institución obstáculo”, concluyó.