La noche del domingo 2 de junio, 10 minutos después de que se confirmó el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum , dos festejos ocurrían a 590 kilómetros de distancia.
En el Zócalo, una multitud de morenistas celebraba a la futura primera presidenta de México, mientras que en Santo Domingo Armenta, Oaxaca, unos pocos priistas abrazaban el triunfo del próximo alcalde Yonis Atenógenes Baños Bustos.
La primera fiesta terminaría con aplausos; la segunda con un funeral.
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Tragedia en Oaxaca tras elecciones
Cerca de la medianoche, el priista celebraba en su domicilio particular –y casa de campaña– su ventaja en el conteo electoral. Con él estaba su equipo más cercano, atentos a las buenas noticias que veían en el Programa de Resultados Electorales Preliminares de Oaxaca, cuando un hombre armado entró a su casa.
Baños Bustos murió al instante por dos tiros a quemarropa y se convirtió en la primera víctima mortal de la temporada postelectoral. Ni durante una hora pudo festinar su triunfo.
Durante el periodo electoral, 63 políticos fueron asesinados en las campañas más sangrientas de la historia moderna de México, de acuerdo con el conteo de la organización Causa en Común. Llegar al 2 de junio suponía el descenso abrupto de esa violencia asociada a las urnas, pero los homicidios siguen y esconden un mensaje, de acuerdo con especialistas.
MILENIO hizo una revisión hemerográfica de políticos y funcionarios públicos asesinados desde que se anunció el triunfo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y contó 17 homicidios, es decir, en promedio uno cada día y medio a partir del 2 de junio.
Entre ellos, hay un alcalde electo, una presidenta municipal, una regidora, jefes de policía y más.
“La búsqueda de influencia con el Estado no se detiene con los resultados electorales. Los incentivos siguen siendo los mismos. Si un candidato vinculado a la competencia ganó, hay motivo para tomar acción. Y si resulta que uno prometió lo mismo a diferentes grupos –lo que es frecuente– hay motivo para recordarle que no respetar promesas hechas conllevará costos”, analiza Falko Ernest, experto en temas de seguridad en la organización international Crisis Group.
Violencia tras las elecciones
Horas después del homicidio de Baños Bustos, el 3 de junio, la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, la panista Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada a balazos.
Nueve meses antes había sobrevivido a un secuestro que perpetró el crimen organizado. Y ese mismo lunes, Gerardo Camacho, jefe de la policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, también fue asesinado con armas de fuego.
Luego de cuatro días, un magnicidio más: Esmeralda Garzón Campos, regidora en Tixtla, Guerrero, fue tiroteada al salir de su casa. Autodescrita en sus redes sociales como “priista de toda la vida”, Garzón Campos había renunciado en abril a su militancia tricolor para apoyar a las candidaturas de Morena que ganaron sus contiendas.
Y otros cuatro días más tarde fue asesinado Marco Antonio Córdova García, miembro de la campaña del presidente municipal electo de la capital oaxaqueña Raymundo Chagoya.
Ahí no paró la violencia. Entre el 16 y 23 de junio, fueron asesinados Ignacio Montoya, ex alcalde de Maravatío, Michoacán; Salvador Villalva, alcalde electo de Copala, Guerrero; Marco Antonio Rodríguez, comisario de Seguridad Pública de Tizapán el Alto, Jalisco; Luis Manuel Rodríguez, consejero de Morena en Puente de Ixtla, Morelos.
Le siguen Acasio Flores, alcalde de Malinaltepec, Guerrero; María Elianet Sandoval, presidenta del DIF en Acteopan, Puebla; Leonel Félix Flores, ex regidor del PRI en San Luis Acatlán, Guerrero; y Diana Aprilia Hernández, comandanta de la policía municipal de Jiutepec, Morelos, asesinada el lunes 24 de junio.
De estos crímenes, cinco sucedieron en Guerrero; cuatro en Michoacán; dos en Oaxaca y dos en Morelos; uno en Jalisco, Puebla, Morelos, Sonora y Quintana Roo, respectivamente.
Piden respetar los acuerdos
Un día antes de la elección presidencial, el sábado primero de junio, el gobierno federal publicó su conteo diario de homicidios dolosos: 66. Al día siguiente, en plena “fiesta de la democracia”, esa cifra bajó a 62 asesinatos. Y el 3 de junio, disminuyó a 50. El fin de las intensas campañas parecía que traía consigo un poco de paz.
Sin embargo, el 4 de junio, los asesinatos crecieron a 64. El 5 de junio no hubo reporte y el jueves 6 la cifra aumentó a 78. El viernes 7 escaló a 94 homicidios. El sábado 8 bajó ligeramente a 88 ultimados, pero el domingo 9 se elevó a 99 homicidios.
En los tres días siguientes: 77, 76 y 86 decesos. La media centena de homicidios del 3 de junio parecía una cifra lejana y de ensueño para la espiral de violencia a la que entró el país con las urnas cerradas y los resultados electorales a la vista del crimen organizado.
No sólo los políticos han visto continuar la violencia: el 9 de junio, un dron dejó caer una bomba que estalló en pleno Zócalo de Acapulco; masacraron a cuatro mujeres y un bebé en León, Guanajuato; asesinaron a una familia completa en Pantelhó, Chiapas; y un tiroteo en El Dorado, Chiapas, dejó como víctima mortal a un jefe de plaza de Los Chapitos.
“El reciente ataque con un dron en Acapulco y el cuerpo colgado de un puente en Chiapas se integran a la dinámica del consumo mediático. El mensaje a las autoridades entrantes es el siguiente: ‘puedo minar su pretensión pública de estar en control, de estar avanzando en términos de seguridad, o puedo apoyar esa fachada, escondiendo mejor la violencia. Tú eliges’”, explica Falko Ernest, de Crisis Group.
“Calentar, o no, la plaza (política) es clave para esas negociaciones estatales-criminales continuas, pero volvamos al mismo problema esencial: si, como autoridad, satisfaces la exigencia de un grupo, te ganarás la ira de otro. Se vuelve una situación imposible de navegar en muchos casos y el efecto es la inestabilidad fundamental que estamos viendo”, resume el especialista.
“Renuncia a tu puesto”
Los homicidios, junto con las desapariciones forzadas, son las expresiones de violencia política más extremas que sufren quienes son autoridades en funciones o candidatos electos. Sus casos suelen llegar a diarios locales o nacionales, pero las amenazas, abandono de cuerpos en vía públicas o tiroteos sin heridos o asesinatos, no.
Y esas presiones continúan a casi un mes de la elección, muchas veces de manera silenciosa.
MILENIO contabilizó 14 graves actos intimidatorios que estarían relacionados con los resultados electorales. De nuevo, casi uno diario desde el 2 de junio. Detrás está la pretensión del crimen organizado de cogobernar en municipios donde tiene una amplia presencia.
“Si el 80% de los ataques del crimen organizado contra autoridades y partidos tienen puestos a nivel municipal; y si el 31% de los ataques son contra el alcalde y su gabinete, hay mucho más en juego ahora, tras una elección en donde se renovaron prácticamente la totalidad de los ayuntamientos”, asegura Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa.
Por ejemplo, el 4 de junio, un día después del asesinato de la Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, el alcalde electo Juan Pablo Aguilar recibió amenazas de muerte en redes sociales de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y el 5 de junio balearon la casa del alcalde electo Baltazar Narciso, quien logró su reelección en Xiutetelco, Puebla, con apenas 772 votos y bajo las siglas del Partido del Trabajo.
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“Renuncia a tu puesto o las próximas van para tu cabeza y tu familia”, decían las cartulinas contra Baltazar Narciso que los tiradores dejaron afuera de su casa.
“Primero, los ataques alcanzaron a todos los partidos. Segundo, los ataques refieren tanto casos donde los políticos resistieron como aquellos en donde se coludieron. Los incentivos tanto para proteger como para resolver e investigar son mínimos o nulos cuando todos podrían tener algo que perder”, reflexiona Ley, coautora del libro Votos, drogas y violencia.
“En ese sentido es que se vuelve muy difícil pensar en la protección poselectoral. No basta con protocolos de protección. Estos ataques revelan procesos más profundos de protección y colusión; controles férreos del crimen organizado sobre la política local”, agrega Ley.
Y la violencia sigue: el 13 de junio fue baleado Juan Carlos Téllez, ex regidor morenista en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en un atentado en el que fue asesinada su esposa. Y dos días después fue amenazado de muerte Felipe Ortiz Montealegre, ex alcalde de Metlatónoc, Guerrero. El mensaje estaba junto al cuerpo de su hijo Sabi, asesinado junto a cuatro personas más.
“Como me lo puso un líder criminal de Michoacán en una reciente conversación que tuvimos: ‘Si me doy cuenta de que el candidato anda con otro (grupo), lo bajo de la contienda’”, recuerda el analista Falko Ernest. “Eso fue antes de los comicios, pero la lógica sigue vigente”.
Fact checking: JRH
RM