“Guardado y protegido” en un rancho cerca de Acapulco, así fue como encontraron al policía que en la noche del 7 de marzo accionó su arma contra el normalista de 23 años, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención del “joven policía” en la madrugada del 10 de abril. A un mes del asesinato que la Secretaría de Seguridad de Guerrero señaló como el resultado de un enfrentamiento entre policías y civiles armados; versión que el propio Jefe del Ejecutivo negó y refirió a un abuso de autoridad en el caso.
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Kothan Gómez regresó a casa en un ataúd al día siguiente del ataque por parte de elementos del Grupo Élite Centauro de Guerrero, quienes— argumentando un robo de unidad— abrieron fuego contra la camioneta donde el joven viajaba junto a otros dos compañeros rumbo a Chilpancingo.
Vecinos, compañeros y familiares del estudiante recibieron el féretro en su natal Tixtla, donde entre rezos y flores dieron el último adiós al joven que apoyó económicamente a su madre, Lilia Vianey Gómez: “Ese poquito (dinero) me lo daba para que sus hermanas comieran”, recordó la mujer entrevista con MILENIO Televisión.
“Quiero justicia y quiero que (a los responsables) se les castigue a cadena perpetua”, aseveró exigiendo a su vez la renuncia del Secretario de Seguridad y de Gobierno guerrerense.
La caída de la primera versión
“Los tripulantes recibieron a los elementos con disparos de arma de fuego”, declaró la SSP de Guerrero en su cuenta de X. “En el interior del vehículo se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, así como 3 bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas”, atajó horas después que la noticia circulara extraoficialmente en medios locales y redes sociales.
Ello, toda vez que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” marcharon rumbo a Chilpancingo y prendieron fuego a una patrulla de la corporación en protesta por el asesinato de Yanqui Kothan, así como las lesiones provocadas a otro de sus compañeros en el ataque.
Cabe mencionar que en el acta de defunción de Yanqui Kothan, a la cual MILENIO tuvo acceso, se descartó la presencia de agentes tóxicos en su cuerpo al describir la causa de muerte por “una hemorragia externa e interna (...) producida por un disparo que penetró y salió de la cabeza”.
Al final la versión se derrumbó a los pocos días, el 11 de marzo del 2024, cuando el Presidente de la República desmintió a la SSP desde el atril de Palacio Nacional: “Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven”. Para entonces la Fiscalía General de la República (FGR) ya había atraído en su totalidad la investigación con elementos y diligencias recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo el caso estaba lejos de cerrarse. Y mientras tres (entonces) presuntos responsables estaban en la mira de las autoridades, la opinión pública puso sus ojos en ’los avales’ de aquella primera versión: la SSP, la Secretaría de Gobernación y la FGE.
“El gobierno del estado difama y criminaliza, diciendo a los medios que traían drogas y armas; que los habían ‘enfrentado’”, denunció el Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales Asociación Civil.
Los cómplices de “la otra noche de Iguala”
La incertidumbre por el paradero de los tres presuntos responsables se rompió parcialmente con la aprehensión de Francisco “N” y Sigifredo “N”, elementos del Grupo Élite Centauro quienes se entregaron a la FGR en la tarde-noche del 13 de marzo. Ello un día después que López Obrador revelara que el objetivo principal, el que accionó el arma, estaba en calidad de fugitivo.
“Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia”, reveló en la mañanera del 12 marzo. “Le hago el llamado a que se entregue. (...) Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo”, aunó.
López Obrador pide entregarse a policía fugado
El ruido por el caso Yanqui Kothan finalmente llegó al Gobierno de Guerrero el 14 de marzo, cuando Evelyn Salgado anunció la renuncia de los titulares de la SSP y la Segob estatal; tal cual había pedido en un primer momento Lilia Vianey Gómez, madre de la víctima.
Rolando Solano Rivera dimitió de la titularidad de la SSP a la cual había llegado en enero del 2024 en medio de la ola de violencia que atravesaba el estado. De igual manera, Ludwig Marcial Reynoso terminó su periodo en la Secretaría de Gobernación guerrerense “en un ejercicio de responsabilidad moral”, en palabras de la mandataria.
A ello, la mandataria dio a conocer el inicio del proceso para remover a la Fiscal del Estado, Sandra Luz Baldovino Salmerón. Sin embargo, a las pocas horas la servidora se opuso a la decisión y advirtió que haría valer su derecho de audiencia ante el Congreso Estatal “para transparentar las acciones (...) realizadas por los lamentables hechos” detrás del asesinato de Gómez Peralta.
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Sin embargo, los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PRD en Guerrero respaldaron la remoción de la hoy ex fiscal. E incluso, en entrevista con MILENIO Televisión, la Jucopo negó haber recibido alguna solicitud de audiencia de Baldovino Salmerón.
De ese modo, el tercer día de abril el Congreso Local designó a Zipacná Jesús Torres Ojeda como el nuevo Fiscal General de Guerrero por los siguientes seis años; nombramiento que 43 de los 45 presentes aprobaron sin emitir declaración alguna después del escrutinio.
“Mi principal objetivo es recobrar la confianza en la FGE de Guerrero. (...) El trabajo interinstitucional y coordinado es fundamental para lograr el bienestar”, declaró en un primer mensaje el ex jefe de grupo en la Policía Federal Militar.
ASG