Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que en lo que va del proceso electoral de este año han sido agredidos o amenazados 117 candidatos.
“De ellos, 71 son hombres y 46 mujeres, y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación”, detalló durante la conferencia de Palacio.
Abundó que, en coordinación con autoridades estatales, el gobierno federal ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades.
“La delincuencia organizada y la de cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones, usan estrategias de complicidad o presiones violentas, se ha convertido en un partido del crimen”, exclamó Rodríguez.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, resaltó 10 casos “graves” relacionados con la desaparición o “lamentables” fallecimientos de aspirantes.
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Destacó el de Karla Enríquez Merlín, aspirante a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz; así como el de Julio César Galindo, ex presidente de Coparmex en San Luis Potosí, y quien también aspiraba a un cargo de elección popular; y el de Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato.
Respecto al primer caso, en el que Enríquez Merlín fue asesinada junto con su madre Gladis Merlín Castro, el pasado 15 de febrero, la secretaria de Seguridad federal reveló que ya hay dos personas “de su círculo cercano” vinculadas a proceso penal.
También, abundó, hay órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de 3 millones de pesos en joyas y relojería.
“Debo precisar que aún no se descartan otras líneas de investigación de acuerdo con las indagaciones de la fiscalía estatal”, aseveró.
En cuanto al caso del ex presidente de Coparmex en San Luis Potosí, Rodríguez explicó que la fiscalía del estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas, en particular a la presidencia municipal de Chalma, en Veracruz.
Respecto al asesinato del ex diputado Acosta, la funcionaria federal destacó la detención de los responsables de este crimen y reveló que entre los involucrados también hay servidores públicos del propio municipio de Juventino Rosas, por el cual pretendía contender.
“Como estos tres casos, esperemos que ningún otro quede impune”, subrayó la secretaria de Seguridad federal.
Añadió que 35 casos más han implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios; además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia.
Rodriguez dijo que, “afortunadamente”, no se trata de un problema generalizado que se exprese “con la misma intensidad” en todo el país, pues puntualizó que más de 47 por ciento de estos casos se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Detalló que, de los candidatos atendidos al momento, 82 por ciento son aspirantes a alcaldes, diputaciones locales y ayuntamientos; mientras que 18 por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales.