A más de 15 años, los funcionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que encabezaron la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre 2005 y 2007, todavía tienen cuentas pendientes por más de 124.8 millones de pesos con la Hacienda pública.
Esos recursos públicos que ASA gastó, sobre todo, en los pagos en exceso que se hicieron por las vigas metálicas que se utilizaron en la edificación y en la pintura contra fuego que se les aplicó no han sido compensados, según los registros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Además, las revisiones de la ASF a la construcción de la Terminal 2, que se realizó cuando Ernesto Velasco León era el director de ASA, no solamente evidenciaron las irregularidades en la cimentación de sus edificios, sino también que el inmueble nunca fue viable ambientalmente porque su operación rebasa los niveles de ruido permitidos en la zona.
A eso se suma que la construcción del aerotrén para unir las dos terminales del AICM se adjudicó en un procedimiento de licitación que generó dudas, pues fue tan apresurado que no permitió que los competidores de la empresa ganadora presentaran sus propuestas en tiempo y forma.
De hecho, el proyecto del tren ya cumplió con su vida útil desde el año 2020.
Los 124.8 millones de pesos que no han sido repuestos al erario federal derivan de 12 procedimientos de fincamientos resarcitorios ordenados por la ASF, luego de que ASA no logró explicar su aplicación entre 2005 y 2007.
El expediente más cuantioso corresponde a la auditoría 390 practicada a la Cuenta Pública 2006, en la que se revisaron los gastos para la estructura metálica de los edificios Dedo Norte y Dedo Sur —desde donde se realizan las operaciones de entrada y salida— Edificio Terminal y Patio-Hotel.
Para esos trabajos se contrató a las empresas Administradora Gutsa y Gutsa Infraestructura por 519.5 millones de pesos.
En la revisión se identificó un daño patrimonial por 52 millones 397 mil 609.49 pesos por un pago en exceso en los materiales que se usaron en la construcción de 14 trabes metálicas para la estructura de la terminal.
“Se autorizaron sin verificar que el contratista cumpliera con la especificación pactada en el contrato y en el proyecto ejecutivo, ya que se modificaron las secciones del patín y el alma de las vigas sin contar con la autorización correspondiente”, dice la auditoría.
A ese monto se suma uno, de la misma auditoría, por 4 millones 434 mil 175.20 pesos gastados de manera indebida en 17 trabes de la estructura que se pagaron “sin que éstas se hayan localizado en el proyecto ejecutivo y por lo tanto que se hayan ejecutado”.
El segundo expediente con el monto más alto de fincamiento resarcitorio pendiente corresponde a un daño patrimonial por 41 millones 534 mil 609.56 pesos ocasionado por el suministro y aplicación de esmalte intumescente epóxico marca SAFE GUARD FIRE (SGF025E), una pintura que sirve como barrera contra fuego, así como un recubrimiento aislante del fuego marca SYLPYL 3940, que no cumplieron con las especificaciones particulares establecidas en el concepto, ni con la calidad requerida en su aplicación.
Otros 7.81 millones de pesos pendientes de recuperar fueron identificados por la ASF en la auditoría 387 realizada al proyecto de construcción de las instalaciones de suministro de combustible de aviación en la Terminal 2, para el que se contrató a las empresas Mirgo SA de CV, Construcciones Rocha SA de CV y CCC Consorcio Industrial.
Esa cantidad corresponde a un pago improcedente de costos indirectos modificados del proyecto que la empresa contratista quiso cobrar sin que hubiera una constancia de que esas variaciones se hubieran revisado por parte de la Gerencia de Concursos y Contratos de ASA.
T2, un daño ambiental
La ASF también determinó que la construcción de la Terminal 2 “no era ambientalmente factible”, pues con su edificación se rebasaron los 55 decibeles del parámetro de ruido permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La entidad tiene conocimiento de que la operación del AICM genera emisiones de ruido que van de 55 a 80 dB(A) según se constató en el plano de emisiones de ruido elaborado por la empresa MITRE en el 2001 e incluido en la Manifestación de Impacto Ambiental de la Terminal 2 y en el Programa Maestro de Desarrollo del AICM 2006 elaborado por la entidad fiscalizada y no existen estudios actualizados que permitan establecer que los niveles de ruido se han reducido con la implementación de la NOM-036-SCT3-2000, por lo que la salud de la población expuesta sigue en riesgo”, advirtió la ASF en aquél entonces.
Pese a ello, añadió, “la Terminal 2 incluye obras entre las que destacan las dos vialidades de acceso que incrementarán los niveles de ruido que afectarán aún más la salud de población expuesta”. Esas omisiones contravinieron la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La ASF también encontró irregularidades en el proyecto del sistema autónomo de transporte interterminales (Automated People Mover-APM), el cual incluyó la construcción de la infraestructura, estaciones de pasajeros, trenes, centro de control, base de mantenimiento, pruebas y puesta en operación.
Una de las irregularidades más graves fue que ASA no proporcionó a los licitantes un plazo razonable para que elaboraran y presentaran proposiciones técnicas y económicas solventes, a pesar de conocer la complejidad y magnitud de documentos que se debían preparar.
Además, no realizó la evaluación cualitativa de la única proposición técnica y económica que recibió el 11 de julio de 2005, no existe evidencia de las razones por las cuales determinó declarar solvente la propuesta conjunta de Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. y Doppelmayr Cable Car GMBH & CO, para posteriormente adjudicarles el contrato.
“Tampoco existe prueba documental de que la entidad fiscalizada haya determinado y dictaminado que los precios propuestos por el licitante ganador hayan estado acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutan los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total, y no presentó, dentro del expediente de la licitación, el costo estimado contra el cual determinó que la propuesta conjunta era la mejor”, determinó.
Además, según la auditoría, ASA no presentó antes de la ejecución del proyecto Terminal 2, el análisis de costo beneficio correspondiente, no contó con el dictamen favorable del experto en estudios de factibilidad y la rentabilidad social del proyecto se midió en función únicamente de los beneficios por ahorro en los tiempos de traslado, tanto de las unidades aéreas como de los usuarios; “por tanto, responden exclusivamente al comportamiento proyectado de la demanda de servicios a partir del 2007 al 2020, esto es, una vida útil de 13 años”.
FS