La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2018-19) reportó un aumento en la desnutrición crónica infantil, del hambre en los hogares y del enorme reto que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para otorgar servicios médicos a 54 por ciento de la población, 37 por ciento de la cual contaba con el desaparecido Seguro Popular.
“El 17 por ciento (16.9) de la población no tiene afiliación alguna a servicios de salud y si a esto se agrega el 37 por ciento que tenía acceso al Seguro Popular, el reto del Insabi en este momento es darle cobertura a ese 37 por ciento, más 17 por ciento de la población, lo que es un reto colosal”, explicó Juan Ángel Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
En la presentación de los resultados de la encuesta, el investigador detalló que hasta el corte de la investigación 35.7 y 4.9 por ciento de la población tenía IMSS e ISSSTE, respectivamente. Sin embargo, aclaró, “tres de cada 10 personas que cuentan con esquemas de protección en salud optaron por la atención privada, de manera importante, de los consultorios aledaños a farmacias. Y esto habla de qué está fallando la calidad, está fallando la oportunidad o está fallando la calidez. Tenemos que mejorar esto”, tras referir que el gasto per cápita en cada hogar en salud se elevó 27.1 por ciento, pasó de 127.75 en 2012 a 162.38 pesos en 2018.
Y ello explica el hecho de que 45 por ciento de los usuarios de servicios médicos reportaron haber efectuado gastos en su última atención, entre los asegurados al Seguro Social el 3 por ciento; de los Servicios Estatales de Salud el 19 por cientos y los que acuden a consultorios aledaños a farmacias la cifra se elevó a 92 por ciento, “lo que indica una gran inequidad.
“No es posible que haya mexicanos que tengan que gastar mucho, mientras que otros tienen la situación prácticamente resuelta. Es urgente la protección universal en todos los niveles”, aclaró el director del INSP.
Las cifras de deficiencias en el acceso y baja calidad de los servicios públicos de salud corresponden a la administración anterior, de Enrique Peña Nieto, que propició que ese alto porcentaje de personas con derecho a servicios públicos optaran por los privados, a pesar de tener que cubrir su costo.
“Al inicio de esta administración federal la cobertura, calidad y protección financiera de los mexicanos era deficiente, muy alejada de la cobertura universal efectiva. Es imperativo que Insabi asegure el derecho de todos los mexicanos a la protección de la salud”, agregó.
Por ello, el actual gobierno debe crear estrategias y lograr que el Insabi garantice “el derecho universal de los mexicanos a los servicios de salud”, sobre todo, porque la mayor vulnerabilidad y empobrecimiento se reflejara en los sectores con menos ingresos, rurales e indígenas.
Si bien la inseguridad alimentaria disminuyó 5.5 puntos porcentuales, “casi una cuarta parte de los hogares mexicanos, de la población, experimenta las formas más graves de inseguridad alimentaria, es decir, padecen hambre, hay días que no tienen que comer.
“Esto habla de una gran inequidad en el país y se hace más notorio en la zona rurales, y ese es otro de los temas que tenemos que abordar para solucionarlo“, detalló.
En cuanto a la salud y nutrición de los niños, subrayó, la “bajísima cobertura del esquema completo de vacunación en 2018, un tercio de los niños menores de un año no estaban protegidos contra enfermedades que son controladas con vacunas y lo peor de todo es que hubo un retroceso del 2012 a 2018”.
Las entidades federativas con coberturas de vacunación por debajo de la media nacional fueron Baja California y Chiapas con coberturas de 20.2 y 22.5 por ciento para tercera dosis de antihepatitis B y de 35.6, y 42.6 por ciento para tercera dosis de pentavalente, respectivamente. Baja California también tuvo la menor cobertura con primera dosis de sarampión, rubeola y papera (SRP) y de vacuna antirrotavirus.
Ninguna entidad federativa alcanzó cobertura útil con todos los biológicos que componen el esquema de vacunación, particularmente debido a las bajas coberturas con las vacunas antihepatitis B y SRP.
Un aspecto preocupante es la baja talla y la desnutrición crónica: “en 2012 era de 13.6 por ciento, en esta encuesta es 14.2 por ciento de nuestros niños, 1.3 millones de menores de cinco años tienen desnutrición crónica en este país”.
“Un país de ingresos medios y altos, y no puede ser que todavía tengamos niños que empiezan la vida en desventaja. Esta prevalencia venía descendiendo desde 1988, pero del 2012 al año 2018 se estancó, no disminuyó.
“Cuidado, la pandemia puede hacer incluso que aumente la desnutrición crónica por lo que tenemos que implementar acciones para evitarlo”, dijo Rivera Dommarco tras referir que la prevalencia de baja talla y desnutrición es de 4.6 puntos porcentuales mayor en zonas rurales.
Teresa Shamah Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, indicó que “ante la pandemia de covid 19 se ha mostrado un deterioro en los ingresos en la seguridad alimentaria de la población en México. Ha aumentado la pobreza y eso podría repercutir en el estado de salud y nutrición de los niños menores de cinco años, que son los más vulnerables a este tipo de crisis económica”.
En esta ocasión se dio a conocer que el 17.4 de la población infantil, es decir, 1.4 millones tiene concentraciones elevadas de plomo en sangre por el uso barro vidriado causando, asimismo, emisiones industriales.
Se causa un impacto adverso en el sistema nervioso, cardiovascular y hematológico, renal y reproductivo. También alcanza a mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, adultos y mayores de edad.
En tanto Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa), refirió que la encuesta reportó también que uno de cada tres niños en edad escolar, alrededor de 38.5 por ciento de los adolescentes, y en población adulta 73 por ciento de hombres y 76.8 por ciento mujeres.
Entre 2012 y 2018, la diabetes se elevó 9.6 a 10.3 por ciento; la hipertensión de 16.6 a 18.4 por ciento cardiovascular.
La diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad concentraron 16.4 por ciento de las causas de consulta. Las enfermedades respiratorias agudas fueron la principal causa con 25.6 por ciento.
Por ello, con estos datos, abundó, es obligación del Estado mexicano crear las políticas públicas necesarias “para revertir este mal” y asumir la responsabilidad que se requiere.
En el diseño de la encuesta se consideraron 50 mil viviendas en el componente de salud y 32 mil en el de nutrición, lo que representa 126.5 millones de habitantes.
Se hicieron entrevistas cara a cara, se aplicaron 18 cuestionarios, se midieron y pesaron a las personas, y se tomaron 57 tabuladores básicos. Se invirtió 196 millones de pesos, de los cuales, 71 por ciento fue aportado por el Intituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de acuerdo con su director general, José Antonio Santaella Castell.