El Instituto de Salud del Estado de México y el Issemym están bajo auditoria del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), para verificar el comportamiento que tuvieron durante el 2018, luego de las quejas que existen contra estas instancias y los señalamientos de los diputados locales.
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El titular del OSFEM, Fernando Valente Baz Ferreira, dio a conocer que ya están revisando la Cuenta Pública de los entes municipales y la estatal, que recientemente se entregó al Poder Legislativo y en breve será turnada formalmente a las instancias correspondientes, a través de la Diputación Permanente.
Aunque formalmente el OSFEM no ha recibido el documento, trabaja con los informes mensuales que tienen del año pasado y bajo el programa de auditoría determinado en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación, sólo esperan los requerimientos específicos que les haga la Legislatura local.
En esta ocasión todos los municipios entregaron sus cuentas públicas a tiempo, también el gobierno estatal, quienes tuvieron falla fueron un sistema municipal DIF y un organismo de agua, que fueron sancionados con multas de 7 mil pesos, cada uno, por entregar la información fuera del plazo legal.
La revisión que se viene haciendo desde hace un par de meses contempla al ISEM, al igual que el Issemym, que tiene más tiempo con una revisión de desempeño y otra financiera, como lo demandaron los diputados locales desde el año pasado.
Las auditorías están en proceso y ya han ido encontrando observaciones que todavía se pueden solventar, pero que darán a conocer hasta que se concluyan las revisiones, en un par de meses, como ocurre cada año con este documento.
Por ahora no se pueden adelantar resultados, solo comentó que, si hay datos que han brincado y están siendo revisados cuidadosamente, tendiendo claro que no revisan a todo el gobierno estatal y a todos los entes municipales, sino sólo una muestra significativa que en 2017 fue del 50 por ciento.
Esto va aparejado con las solventaciones que están pendientes de la Cuenta Pública 2017 que apenas se liberó en el Congreso local, y la cual ameritó 3 mil requerimientos para solventar o resarcir el recurso observado.
LC