El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que tan solo en 2019 se presentaron 39 ataques contra personas defensoras de derechos ambientales, de los cuales 15 fueron asesinados; pero al hacer una revisión de información de otras organizaciones no gubernamentales, se registró que de 2012 a 2019 se cometieron 499 ataques contra defensores ambientales, que incluyen agresión a más de una persona por evento, del total, 83 casos terminaron en homicidio.
“En Cemba registramos 39 ataques contra personas defensoras del medio ambiente, en muchos de estos ataques se comete más de una agresión por más de un agresor y que las víctimas son diversas, desde una persona, una organización o una comunidad. El sector donde se observó un mayor número de ataques fue el de la energía eléctrica en 20.5 por ciento, y es un factor que se ha repetido a lo largo de los años”, señaló Alejandra Leyva, coordinadora del “Informe de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales 2019”.
La abogada del Cemda detalló en conferencia que 2019 es el segundo año en que se identifica el homicidio como la primera agresión cometida, con el 21.1 de los casos; en el 19.3 por ciento se trató de amenazas a los defensores y en 15.8 por ciento se trata de criminalización, que en la mayoría de los casos son cometidos por el sector gubernamental, aseguraron.
De acuerdo con el informe, en 2012 se registraron 24 ataques a defensores ambientales; en 2013: 64; en 2014: 78; 2015: 107; 2016: 85; 2017: 53; 2018: 49 ataques. De las 460 agresiones registradas entre 2012 y 2018, se identificaron 175 amenazas (38%), 84 agresiones físicas (18%), 82 casos de criminalización (17.8%), 70 de intimidación (15.20%) y 68 casos de homicidios (13%).
En el 29% del total de casos, las agresiones ocurrieron en proyectos de energía, especialmente relacionados con plantas hidroeléctricas (66 casos) y eólicas (53 casos). Las estados donde existe el mayor número de ataques en el periodo indicado son Oaxaca, con 79 ataques, Sonora con 49 y Estado de México con 48 casos de agresiones.
El informe destaca que 2019 es el segundo año con menores agresiones, mientras que los años donde se observa mayor número de agresiones son 2015 y 2016 con 107 y 85 ataques respectivamente, que coincide con el proceso de reforma energética.
“Esta reforma implicó la implementación de diversos megaproyectos en todo el país, como gasoductos, explotaciones petroleras, explotaciones de energía renovable y plantas geotérmicas”.
Destaca que Oaxaca ha sido la entidad federativa con mayor número de ataques durante estos años, concentrados en Juchitán de Zaragoza, donde las agresiones se han producido en el contexto de la construcción de proyectos de generación de energía eólica.
Los años en los cuales Juchitán de Zaragoza tuvo un mayor número de ataques fueron 2013 y 2014, con un total de 28 y 20 ataques respectivamente. Es importante mencionar que la zona del Istmo de Tehuantepec es uno de los sitios con mayor potencial eoloenergético.
En contraste, los estados que menos ataques tuvieron en el mismo periodo, fueron Nuevo León con un ataque y Tlaxcala con un caso de agresión. Por otro lado, no se registraron agresiones en Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas y Tabasco.
Los asesinatos de 2019
Entre los casos más violentos que ocurridos en 2019 se encuentra el asesinato de Samir Flores Soberanes en Morelos, líder en la defensa del territorio por la implementación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y fundador de la radio comunitaria de Amilcingo.
Samir fue asesinado el día 27 de febrero de 2019, afuera de su domicilio en vísperas de la consulta ciudadana sobre el proyecto, pocos días después de que el titular del Ejecutivo se refirió a las y los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir, como contrarios al proyecto termoeléctrico impulsado por el Estado.
Samir había sido amenazado en varias ocasiones desde el año 2012. Posterior a su asesinato, han ocurrido más agresiones relacionadas con la criminalización y el hostigamiento en contra de las organizaciones y comunidades que están en contra del proyecto, destaca el CEMDA.
Por otro lado, el 1 de mayo de 2019, Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, fueron asesinados afuera de su casa con múltiples impactos de bala. Otilia era sobrina de Julián Carrillo, quien también era defensor del medio ambiente y fue asesinado en 2018, y desde hace años habían estado defendiendo el territorio del pueblo rarámuri ante la tala ilegal. “Estos asesinatos se enmarcan en un contexto en el cual, al menos una decena de personas activistas y defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara han sido asesinadas por defender los bosques y el territorio en los últimos años”.
Destaca el caso de Luis Álvarez Flores, asesinado violentamente el 10 de junio de 2019 en Palenque, Chiapas. Luis era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta y había denunciado la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta.
Durante el año también ocurrió el asesinato de Isaías Cantú Carrasco, ejecutado el 11 de octubre de 2019. Era presidente del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec en Guerrero e integrante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Desde hace siete años había defendido el derecho al territorio ante la explotación minera de oro plata en su región.
AE