Académicos de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) enviaron una carta a los legisladores del Congreso de la Unión en la que expresan su preocupación sobre la situación en esta casa de estudios donde solicitan, se discuta y abogue por una solución que ponga fin a los tres meses de toma de las instalaciones por parte de la fuerza pública y un grupo ajeno a la universidad.
En una misiva firmada por más de 150 docentes, los agraviados expusieron que a más de tres meses de la irrupción violenta en la Universidad, aún existen elementos de policía estatal al interior del plantel.
Además, el personal académico y administrativo, así como los estudiantes de licenciatura y posgrado tienen negado el acceso a las instalaciones, a pesar de que el resto de las instituciones educativas superiores del estado ya han podido regresar a actividades presenciales escalonadas.
“Como integrantes de la facultad de la Udlap pedimos que nuestro campus sea liberado de forma inmediata y entregado a la Administración reconocida por la Comunidad Universitaria, para que se nos permita seguir operando con la misma normalidad con que lo veníamos haciendo previo al 29 de junio".
En un documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, exhorta "a que este asunto se comparta con sus pares en las Cámaras y se pueda discutir y abogar por una solución en el marco de la legalidad y el estado de derecho que debe imperar en nuestra nación, teniendo en cuenta siempre los derechos de la población afectada: la comunidad de la Udlap, de San Andrés y San Pedro Cholula, y muy particularmente, el derecho a la educación consagrado en el artículo tercero de nuestra Constitución”.
En la carta, los investigadores señalaron que el mantenimiento del campus se ha visto interrumpido, afectando no solamente su apariencia estética (jardines), sino también poniendo en riesgo instalaciones eléctricas, sanitarias, infraestructura educativa, equipamiento de laboratorios de docencia e investigación, archivos escolares, materiales en la Biblioteca (incluyendo documentos históricos, algunos únicos por sus características como el archivo Covarrubias, el archivo Barlow y el libro Summa praedicantium de 1518, que forman parte de sus colecciones especiales).
También afecta trámites escolares de estudiantes que requieren documentación para continuar con sus estudios de posgrado o concluir sus trámites de titulación, menoscaba las actividades de investigación y, en el caso de los alumnos, perjudica notablemente su educación, ya que a pesar de que la educación se considera ahora una actividad esencial, ellos no pueden recibirla de manera presencial en las aulas.
“Las y los docentes seguimos impartiendo nuestras clases en línea, con la misma calidad y empeño que ha distinguido a la institución durante su historia. Sin embargo, nuestras actividades de investigación y docencia práctica y experimental, en las que el acceso a laboratorios para realizar experimentos es imperante, se han visto interrumpidas por esta situación”, señalaron.
Asimismo, indicaron, el cierre forzado del campus por la ocupación estatal, ha afectado a la población de San Andrés y San Pedro Cholula, ya que numerosos negocios que dependían económicamente de la afluencia diaria de casi 10 mil estudiantes y cerca de mil 500 trabajadores académicos, administrativos y sindicalizados han debido cerrar y otros más han visto afectados sus ingresos.
“Actividades económicas de familias que subsisten a través de la renta de habitaciones y hospedaje a estudiantes, venta de comida y servicios, no han podido reactivar sus actividades, viéndose afectados primero por la pandemia y ahora por esta ocupación”, señalaron.
El 29 junio, elementos de la Secretaría de seguridad pública del Estado, acompañados por miembros de la policía auxiliar, ingresaron al plantel universitario y apoyaron la toma de posesión de un nuevo patronato de la Fundación Udlap, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP).
LG