La nueva Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser anulada y someterse de nuevo al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideraron residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y académicos.
Además, presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Corte.
En conferencia de prensa realizada a bordo del barco “Artic Sunrise” de Greenpeace, atracado en el Puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el CEMDA y Leonardo Ortiz, académico de la Universidad Veracruzana (UV), llamaron a que la Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) –promovente del proyecto de ampliación– elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Además, que se incorporen todos los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir; por ejemplo, la metodología “antes/después-control/impacto”.
También demandaron que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales.
Además, que exija a la Asipona considerar los descubrimientos científicos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información científica generada.
Piden que la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población.
Por su parte, Xavier Martínez Esponda, director operativo de CEMDA, explicó que el actuar de las autoridades es contrario a lo ordenado en el Acuerdo de Escazú, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la sentencia de la Corte.
“Es como si no se hubiera aprendido nada de todo este litigio. Lo que tenía que haber ocurrido era que se hiciera una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con todos los elementos de la obra y haciendo uso de la mejor ciencia disponible, se aperturara un nuevo Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y se expidiera una nueva resolución.
"Es paradójico que las autoridades obligadas a cumplir no hayan considerado la jurisprudencia que se expidió a partir de este caso.”
En febrero del 2022, por unanimidad, los ministros de la Primera Sala de la Corte resolvieron otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del Puerto.
Es una victoria histórica que favorecerá a todas las personas beneficiadas de los servicios ambientales impactados por el proyecto.
En respuesta a la sentencia de la Corte, en marzo del 2022, Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones otorgadas.
Pero el 30 de diciembre, la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas.
"En la última década, el conocimiento científico sobre los arrecifes de Veracruz ha aumentado de una manera asombrosa y nada de eso ha sido considerado en la última autorización", explicó Leonardo Ortíz.
También resaltaron que la autorización se expidió sin la asistencia de autoridades internacionales como la Convención Ramsar, por lo que reiteraron su petición al juez de distrito de no tener por cumplida la sentencia de la Corte.
“Las autoridades de la Convención Ramsar decidieron esperar a que México tomara decisiones judiciales y ejecutivas respecto a la ampliación portuaria”, señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA.
“Es el momento oportuno para pedirle asistencia técnica a ese tratado para que se pronuncie respecto a los impactos al ecosistema, pero también respecto a la propia evaluación de impacto ambiental que realizó la Semarnat”, añadió.
JLMR