Después de que el gobierno federal hiciera público a través de Twitter que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los especialistas en la materia ven afectaciones en este y otros procesos de justicia en el país si no hay un cambio rápido por parte de los discursos de la máxima autoridad del país.
En entrevista para MILENIO, el abogado y catedrático en la UNAM, Jorge Lara, destacó que el actuar del gobierno federal puede provocar que, de haber delitos, estos queden impunes, ya que en México, de acuerdo con las normas constitucionales y tratados en derechos humanos, se debe regir el debido proceso en cada caso, que incluye la presunción de inocencia, que, de acuerdo con los estándares internacionales y del país, engloba varios aspectos, uno de ellos es que a las personas señaladas no se les puede estigmatizar públicamente sin que esto sea determinado por un juez después de una sentencia, lo que sucedió ayer después de que Moreno fuera arrobado en la publicación de la Presidencia, en el que se le acusa de tráfico de influencias, desvío de fondos, lavado de dinero, entre otros delitos.
“Cuando una autoridad señala que un ciudadano cometió un delito sin haberlo acreditado, está dañando la presunción de inocencia y esta conducta no solo perjudica al afectado, también puede implicar responsabilidades oficiales por no obedecer la ley y también podría llegar a pasar que los procesos se envician y muchas veces puede llegar a ser inválido”, condenó.
Lara comparó y ejemplificó este caso con el de la francesa Florence Cassez, que fue condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, pero en 2013 fue liberada, fallo que fuera de basarse en si era culpable o inocente, fue determinado por fallas en su debido proceso.
“En el caso de Florence Cassez, ella fue exhibida, lo que utilizaron para decir que su proceso fue enviciado, entonces este tipo de señalamientos y actitudes pueden propiciar esto, que se contaminen los procedimientos y que al final del día se frustre la justicia”, recordó, pero ahora al tratarse de un actuar directo por parte del gobierno federal, ve repercusiones más graves.
“Aquí el grado de seriedad todavía es mayor o se acentúa, porque se trata de un político adversario al presidente y obviamente hay esta consideración de que ‘puede ser una persecución político partidista’ que ensucia cada día más el correcto desempeño de la justicia mexicana”, condenó.
El abogado Lara destacó que esta no es la única vez que el actual gobierno es señalado por incumplir las normas en los procesos judiciales, lo que señaló puede ser tomado en contra de la democracia.
“Este no es el primer y único caso en el que el gobierno utiliza las instituciones violando la presunción de inocencia, de hecho el presidente lo hace prácticamente todos los días (…) este solo fue un mensaje de Twitter, que si puede dañar o no el proceso, esto dependerá del caso en concreto, pero si le da motivos al ciudadano para que se entienda que no hay una actuación imparcial por parte del gobierno ni de quienes investigan”, destacó
Lara recordó que todos los políticos deben tener un esquema de rendición de cuentas, pero en este caso con el actuar el gobierno federal da los argumentos para decir que sus señalados son “perseguidos políticos”, además de que rompe acuerdos nacionales e internacionales que pueden afectar la democracia y la visión del país
“Simple y sencillamente el gobierno federal debe cumplir la ley, que haga las investigaciones con sigilo, reserva, de manera imparcial, porque estamos advirtiendo procesos de justicia selectiva, lo que puede ser llevada a estancias de derechos humanos e internacionales para decir que en México se está persiguiendo con interés faccioso a los políticos de otros partidos y no se está garantizando el acceso a la justicia”.
EHR