San Pedro acumula denuncias y procedimientos contra decenas de ex funcionarios de la administración de Miguel Treviño, sin embargo, procesos enfrentan demoras en tribunales y autoridades judiciales, hasta en Congreso.
Apenas este lunes, el Ayuntamiento informó que inició seis expedientes contra igual número de ex funcionarios por no presentar a tiempo su declaración patrimonial de conclusión.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia municipal abrió los procedimientos de responsabilidad administrativa.
La lista de querellas comenzó el 15 de octubre de 2024, cuando el entonces alcalde Mauricio Fernández confirmó una denuncia contra quien resultara responsable por la eliminación de información municipal en 11 secretarías, incluida la computadora del ex edil. Daniel Ruiz, secretario de Contraloría, y Jacobo Sánchez, del equipo jurídico, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción.
El 19 de enero de 2025, tras una investigación revelada por MILENIO-Multimedios, la Contraloría indagó si Dinorah Cantú, ex secretaria de Participación Ciudadana; Mauricio Sada, ex city manager, y ex coordinadores de Proyectos de Participación y Transformación Digital utilizaron el chatbot oficial Sam Petrino para desarrollar una empresa privada. En febrero de ese año, el Ayuntamiento denunció presuntas irregularidades en la contratación de un seguro millonario de responsabilidad para ex funcionarios. En abril, presentó otra querella por un servicio cercano a cuatro millones de pesos contra las ex secretarias Mariana Téllez, de Contraloría, y Laura Lozano, de Administración; José Ramírez, Rubén Tamez, Carlos Romanos y el ex síndico Francisco Juan Garza.
El 13 de mayo, tras reportes de peces muertos en el arroyo El Capitán, Miguel Ávila, secretario de Servicios Públicos, presentó siete denuncias por contaminación ambiental. Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, denunció a seis exfuncionarios, incluido Treviño, por presuntas irregularidades relacionadas con la designación de la ex titular de Obras Públicas y las obras del Centrito Valle y el Casco. Entre los señalados estaban Gina Alfiero, María del Roble García, Bladimir Carranza, Laura Lozano y Luis González. Además, el 30 de septiembre de ese año, el Congreso inició un juicio político contra Treviño por reinstalar a Javier de la Fuente como secretario de Desarrollo Urbano.
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