El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), José Guadalupe Luna Hernández, denunció que en la lucha contra la corrupción en el Estado de México imperan las resistencias, la omisión, la complicidad, la simulación y el obstruccionismo, que poco dejan avanzar.
Durante la presentación de su primer informe de labores, al cual no acudieron los y las integrantes del Comité Coordinador, reconoció que no se logró romper las barreras que protegen a la corrupción e impidieron emitir exhortos a las autoridades estatales por las fallas que registra.
A esto se suma el empantanamiento de los trabajos, las resistencias que existen en el Sistema Anticorrupción, la oposición y el obstruccionismo por el temor a la crítica y al perverso interés de hacer valer las autonomías institucionales como ínsulas de discrecionalidad y arbitrariedad.
Al final esto se convirtió en una extraña red de coincidencias, complicidades, que se percibió perfectamente con el rechazo mayoritario a la propuesta de exhorto que presentó para requerir explicaciones públicas a los supuestos actos de corrupción, en su modalidad de extorsión y soborno, en los centros de readaptación social en la entidad.
Como está conformado el Comité Coordinador, con funcionarios públicos, es difícil que el poder ciudadano logre combatir el embate institucional, ante una actuación responsable, respetuosa pero disruptiva, con argumentos sustentados en investigaciones con todo el rigor científico necesario.
Resistieron el intento de sabotaje
Ante las y los integrantes del CPC, en el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos, José Guadalupe Luna habló de una digna resistencia frente al sabotaje que padecieron en su lucha por impulsar la transparencia y denunciar públicamente lo que está mal.
“Resulta totalmente inaceptable que, durante los cuatro años anteriores y casi ocurre lo mismo en este quinto, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios emita recomendaciones que solamente van dirigidas a los municipios. Cierto es que la instancia municipal es la que más resistencias muestra a la implementación y al cumplimiento de la ley, pero también lo es que más allá de los cumplimientos formales, en el ámbito estatal hay claras señales de problemas, sesgos, brechas de riesgo y de captura” subrayó.
Por esa razón Luna Hernández propuso replantear la recomendación dedicada al incumplimiento en la interconexión y carga de la información en los sistemas, para incluir lo relacionado con la situación patrimonial, en el que el Ejecutivo del Estado, a pesar de que cuenta con la interconexión desarrollada, sigue sin suministrar información, no obstante que la publicidad de la información patrimonial fue uno de los factores más importantes de la reforma constitucional del 2015 y del diseño del propio sistema anticorrupción.
No salieron los exhortos
En este lapso se propusieron dos exhortos, el primero para el gobierno municipal de Ecatepec por posibles hechos de corrupción en su modalidad de pago a servidores públicos que no acudían a trabajar; y, el segundo para la Secretaría de Seguridad, con motivo de los posibles hechos de corrupción en su modalidad de extorsión, soborno y cogobierno en los centros de readaptación social del Estado de México.
Pero a pesar de tener las investigaciones correspondientes el Comité Coordinador decidió no aprobarlas, por la debilidad de la norma y los riesgos del diseño existente, donde la voz ciudadana enfrenta obstáculos infranqueables y se estrella ante el muro inconmovible de las redes de complicidad que surgen, incluso, al interior del Sistema Anticorrupción.
En otra investigación se identificaron sesgos en la operación ordinaria de las autoridades de control y de fiscalización en los adeudos con el ISSEMyM, porque las deudas podían entenderse como un tipo de fraude, susceptible de denunciarse; así como la operación de los testigos sociales, o en la integración de las instancias del sistema en materia de equidad de género.