El secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores Morales, fue denunciado el pasado 16 de octubre por el manejo ilícito de más de mil 500 millones de pesos.
El recuento de presuntos delitos cometidos por el líder del gremio por más de 24 años quedó consignado en un documento de 17 hojas que presentaron 66 trabajadores ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo acusan de fraude, delincuencia organizada, extorsión, enriquecimiento ilícito y lo que resulte; además, según el secretario general de la sección 31, con sede en Chihuahua, Benito Bueno Rentería, “más de 24 mil jubilados en la República presentan denuncias colectivas y piden acción penal contra Flores Morales y su Comité Ejecutivo Nacional”.
Las demandas también vienen de la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros Independientes en el Istmo de Tehuantepec y de la Fraternidad de Ferrocarrileros Jubilados Mexicanos A C, dirigida por Pedro Montoro, quien ya hizo varias denuncias.
En 2014 acudió a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a acusar al dirigente del sindicato de presunta “malversación de recursos, fraude y administración fraudulenta”, que consta en el expediente FAE/A/T1/00111/14-06.
En el recuento de denuncias se mencionan las cuotas sindicales por de 35 mil jubilados que recibe Flores Morales desde el 26 de septiembre de 2000, que dentro del Fideicomiso Ferronales jub 5012-6 suman alrededor de 430 millones de pesos en 19 años.
Los trabajadores lo señalan también de haberse apoderado, “arbitraria, prepotente y sin derecho alguno, de las pensiones de los jubilados”, que ascienden a 323 millones 400 mil pesos.
Sobre el seguro de vida de los jubilados, que suma 494 millones 770 mil pesos, los denunciantes aseguran que se cobra indebidamente a 56 mil 372 socios y que, después de 21 años, “no se les ha entregado la póliza que acredita que sus deudos tienen derecho a cobrar cierta cantidad tras el fallecimiento del trabajador”.
En entrevista Bueno Rentería subraya que desconocen el destino de más de 500 millones de pesos de los bonos de productividad: “Desapareció los bonos del convenio de 2014 a cambio de nada. Éstos eran cuantificables, de 4 mil 800 pesos, 3 mil pesos y 5 mil 200 pesos de acuerdo con salarios y ramas de cada trabajador”.
Asimismo, denunciaron a Flores Morales de usurpar la dirigencia del sindicato y a finales del sexenio pasado pidieron a la Secretaría del Trabajo anular la toma de nota, pero no sucedió.
Existe una denuncia penal en el expediente 1167DDF2003 por “jubilaciones millonarias” que el propio Víctor Flores Morales se asignó, acompañado de su Comité Ejecutivo, y otra es la AP-PGR-DDF-FPE-61457-1112, por “descuento ilegal de cuotas sindicales”.
Con él a cargo, el contrato colectivo de trabajo se vino a pique tras la privatización de ferrocarriles; el convenio en 1996 tenía 3 mil 45 cláusulas y dos años después, solo 208.
MILENIO buscó la opinión del dirigente del STFRM sobre los ilícitos que le achacan, pero se informó que estaba fuera de Ciudad de México; se le envió un correo electrónico a su cuenta personal y tampoco hubo respuesta.
MÁS CASOS
FGR, CON VÍA LIBRE CONTRA AHUMADA
Un tribunal federal despejó el camino a la FGR para ejercer acción penal contra Carlos Ahumada por su probable responsabilidad en delitos cometidos en agravio de la ex secretaria federal Rosario Robles; el tercer tribunal colegiado en materia penal con residencia en Ciudad de México declaró infundados recursos de queja y de inconformidad, promovidos por el empresario argentino, con los que impugnó la decisión de un juez federal que desechó su demanda de amparo.
DEMANDAN A GÓBER DE NL POR EVASIÓN
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por compraventa de facturas, evasión fiscal y desvío de recursos públicos. La demanda la presentó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, quien dijo que ya tienen a El Bronco “arrinconado” por diversas denuncias penales presentadas en su contra. También afirmó que cuentan con pruebas para demostrar que cometió lavado de dinero, peculado y cohecho.