Adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum generaría ahorros reales que apenas alcanzarían la cuarta parte de lo que su impulsor asegura. Empatarla con las elecciones federal y judicial de 2027 implicará gastos que deben garantizarse en el presupuesto del INE de ese año.

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, autor de la iniciativa para modificar la Constitución y hacer ajustes al artículo 35 para que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum no sea en el 2028 sino un año antes, ha dicho en entrevistas que este cambio permitiría ahorros de hasta cinco mil millones de pesos.

Sumarle la organización de otro proceso al INE en el 2027, sí podría generar ahorros, pero las cuentas de Ramírez Cuéllar no cuadran.

¿Cuánto es lo que realmente cuesta una revocación de mandato?, ¿cuánto dinero gastó el INE en el primer ejercicio de este tipo en 2022 con Andrés Manuel López Obrador? Y sobre todo, ¿cuáles gastos no pueden reducirse a ceros sino que sí deben considerarse?

Revocación de mandato costaba 3,830 mil mdp... La versión austera salió en 1,690 mdp

El ahorro de cinco mil millones de pesos del que habla el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar no es preciso, pues ni quitando todos los gastos del ejercicio íntegro se llega a esa cantidad.

En ese momento, como parte de la defensa del presupuesto que llevó al INE incluso a aprobar detener la organización a falta de dinero suficiente para cumplir con todas las exigencias que la Constitución le obligaba a la autoridad electoral.

El entonces consejero presidente Lorenzo Córdova explicó el monto de casi cuatro mil millones de pesos dividido en 10 rubros fundamentales que el INE tenía que cumplir, desde montos pequeños como 3.1 millones de pesos para pagar sueldos y equipo para cumplir con la verificación de las firmas con las que se hace la solicitud de la revocación de mandato.

MILENIO reveló en aquel proceso, que el INE había detectado tan sólo en las primeras semanas de revisión las firmas de cinco mil personas muertas, lo que llevó a la autoridad a desplegar investigaciones para intentar sancionar a los responsables, lo que tiene un costo para la autoridad electoral.

Además de los rubros más elevados en cualquier proceso electoral que es la contratación de personal que recorra todo el país convenciendo a la ciudadanía de aceptar integrar las mesas de casilla para recibir y contar los votos, así como el dinero necesario para que todo el electorado tenga un lugar en dónde votar y una boleta esperándolo.

Estos son los montos que se solicitaron para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador:

• 1,212.3 MDP:

Contratación de más de 32 mil capacitadores electorales, cinco mil 450 supervisores electorales y personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas y capacitar a 807 mil personas funcionarias de casilla.

• 1,471 MDP:

Instalación de 161 mil 490 mesas receptoras, impresión de materiales, tinta indeleble y crayones.

• 573 MDP:

Operación de campo: servicios de telefonía, materiales de capacitación, y combustible para que los CAES recorran el país.

• 502.4 MDP:

Procesos administrativos, arrendamientos de plantas de emergencia, apoyos administrativos y compensaciones.

• 31.8 MDP

Impresión de la lista nominal, sistema de conteo rápido y participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero.

• 27.2 MDP:

Campaña de difusión: foros, spots, inserciones en medio y activaciones para llamar a participar a 92.4 millones de personas (Lista Nominal 2022).

• 4.1 MDP:

Desarrollo de más de 20 sistemas de capacitación y organización, seguimiento a la jornada electoral y resultados electorales.

• 3.3 MDP:

Monitoreo de propaganda y encuestas en las 32 entidades.

• 3.1 MDP:

Verificación de las firmas de apoyo para la revocación de mandato.

• 1.7 MDP:

Atención a visitantes extranjeros para observación electoral.

Sin embargo, ante la resistencia de la Cámara de Diputados para entregar al INE la totalidad de los recursos para cumplir con las exigencias legales y constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que la autoridad electoral cumpliera hasta donde el dinero alcanzaba.

Con ahorros y el presupuesto autorizado, el INE logró una bolsa de mil 692 millones de pesos, instalando la tercera parte de casillas exigidas por la ley, con menor difusión de la que se debería y con papeletas pequeñas sin todos los candados de seguridad de las boletas tradicionales.

Gastos irrenunciables: capacitación, boletas, urnas y promoción

La segunda razón por la que el diputado de Morena argumenta que la Constitución debe cambiarse para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum sea antes, en 2027, es para que se aproveche la instalación de la elección federal y haya más participación, pero a la vez, este gasto ya no se vuelva a hacer.

Sin embargo, los morenistas no han contemplado que sumar otra elección implica gastos irrenunciables y trabajado adicional que no podría cubrir por completo el personal previsto y que ya estaría saturado con la organización de la renovación de la Cámara de Diputados y congresos locales, 17 gubernaturas y cientos de ayuntamientos.

Primero, tendrá que garantizarse el dinero para verificar la autenticidad de las firmas que se entreguen, que deberá ser el tres por ciento del Padrón Electoral que hasta ahora es de 101.8 millones, es decir, tendrán que validarse, el apoyo de al menos más de tres millones de personas.

También debe considerarse el costo de la impresión de boletas que, en el 2021, tuvieron que ser papeletas, más pequeñas y con menos candados de seguridad que las boletas de todas las elecciones, y que costaron más de seis millones de pesos.

Así como la campaña de difusión pues al ser un proceso de democracia participativa sin intervención de los partidos políticos, no puede vincularse con la propaganda de las campañas electorales políticas para cargos públicos federales y locales, y mucho menos, con las judiciales.

Otro gasto irrenunciable, es el material electoral como más mamparas para que la ciudadanía pueda votar tantos cargos sin generar largas filas y por lo tanto, más tinta indeleble y marcadores, pero también, urnas para colocar esas papeletas, pues la ley exige que debe haber una urna por cada cargo a renovarse, contrario a la jornada judicial donde para ahorrar, se revolvieron todos los cargos en una sola.

Lo que no podría implementarse en este caso, pues la ley exige que el conteo de votos sí sea en las casillas al cierre de la votación y por lo tanto, el funcionariado no podría retrasarse separando boletas.

Por lo que, al menos, una parte o el presupuesto completo de estos cuatro rubros se tendrán que seguir necesitando, considerando además que los precios de 2021 y 2022 serán más elevados en 2026 y 2027. Al menos seguirán considerándose.

EHR