Organizaciones civiles, especialistas en justicia y senadoras de oposición manifestaron su rechazo a la propuesta para permitir la reserva de identidad de jueces en casos de delincuencia organizada, conocida como la figura de “jueces sin rostro”, pues advirtieron que la medida contraviene estándares internacionales, desnaturaliza el sistema penal acusatorio y podría convertirse en una herramienta de abuso e impunidad, sin resolver el problema de fondo. Mientras que, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral dijo que el tema se debe estudiar con cuidado, porque es una figura que puede ser delicada y riesgosa.
En entrevista, el senador Corral mencionó que los legisladores deben darse el tiempo de analizar cuidadosamente esta figura, a pesar de que se prevé que se pueda discutir en este periodo ordinario de sesiones.
“Lo primero que hay que decir es que este es un tema que hay que estudiar con sumo cuidado, y darnos el tiempo, porque si bien se ha refutado que es necesaria, en algunos casos, también es una figura que puede ser delicada y riesgosa sino se regula con el cuidado, si no se establecen los controles necesarios, efectivos, sino se genera una motivación reforzada e incluso sistemas de verificación, de supervisión de evaluación de la medida para asegurar una condición que es necesaria en la temporalidad de una medida así”.
Aseguró que “nosotros no somos partidarios del fast track, somos partidarios del parlamento abierto y hasta donde se pueda seguir impulsando así va a seguir siendo en la Comisión de Justicia”.
“Siempre un proceso legislativo que escucha las voces expertas, a especialistas, académicos, representantes de organizaciones será mucho más valioso, más útil, más fructífero, yo soy de la idea de abrir los procesos legislativos a la opinión pública, a los sectores, a las voces discrepantes. Soy un convencido de que en el diálogo se encuentran mejores fórmulas a la solución de los problemas”, insistió.
Por otra parte, durante la Mesa de análisis sobre las Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Seguridad judicial, organizada por la Comisión de Justicia del Senado, las senadoras del PAN, Guadalupe Murguía y Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano rechazaron la iniciativa, al advertir que el anonimato judicial rompe el equilibrio procesal, debilita la confianza pública en la justicia y se acerca peligrosamente a modelos autoritarios aplicados en países como Perú, Colombia o El Salvador, cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados.
En tanto, representantes de derechos humanos coincidieron en que, si bien el Estado tiene la obligación de proteger a jueces y personal judicial frente a las amenazas del crimen organizado, el anonimato judicial no es compatible con el derecho a un juicio justo.
Las organizaciones alertaron que la reserva de identidad pueda activarse a solicitud de la Fiscalía, con base en un “riesgo probable”, sin que medie la decisión directa del juez, lo cual vulnera la presunción de inocencia y deja la puerta abierta a decisiones discrecionales.
La directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, dijo el contexto de violencia que enfrentan las personas juzgadoras, pero subrayó que los tribunales con jueces sin identidad visible violan de forma directa el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Recordó que la Corte Interamericana ha sido categórica al declarar inconvencional esta figura, particularmente en el caso Jota vs. Perú, al impedir que las personas procesadas conozcan quién las juzga y, por tanto, cuestionen la competencia, imparcialidad o independencia del juzgador, así como ejercer el derecho de recusación.
“Los estándares interamericanos no admiten excepciones. La revisión periódica o la temporalidad de la medida no corrige su carácter inconvencional”, enfatizó Aguilar Rodríguez, quien además advirtió que la iniciativa vacía de contenido los principios de publicidad, inmediación y concentración del sistema penal acusatorio mexicano.
Al tomar la palabra, Cristina Reyes Ortiz, directora de Litigio de México Unido Contra la Delincuencia, señaló que esta figura no solo no protege eficazmente a los jueces, sino que puede agravar los riesgos y afectar desproporcionadamente a personas de escasos recursos que enfrentan procesos penales sin una defensa adecuada.
Advirtió que en delitos como desaparición forzada o trata de personas —incluidos en el catálogo de delincuencia organizada— existe frecuentemente la participación de agentes del Estado, por lo que conocer la identidad del juzgador resulta indispensable para garantizar imparcialidad y evitar la impunidad.
Reyes Ortiz también alertó sobre la expansión irregular de esta figura en entidades como Chihuahua, Quintana Roo y el Estado de México, donde se ha replicado en legislaciones locales, pese a tratarse de una materia federal, lo que calificó como abiertamente inconstitucional.
Desde una postura distinta, el presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México, Rubén Pacheco Inclán, defendió la posibilidad de matizar los estándares de derechos humanos ante el contexto extremo de violencia que vive el país.
Indicó que los derechos humanos son un “constructo” que puede adaptarse, y propuso la creación de comités éticos independientes que evalúen, caso por caso, la viabilidad de reservar la identidad no solo de jueces, sino también de fiscales.
No obstante, esta visión fue cuestionada por otras especialistas como Susana Camacho Maciel, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, quien recordó que la reforma judicial prometió mayor transparencia, y que esta figura representa una excepción regresiva que, eventualmente, podría ser revertida en instancias internacionales.
Camacho Maciel sostuvo que antes de crear nuevas figuras excepcionales, el Estado debería evaluar y fortalecer el mecanismo de protección ya existente en la Ley Federal de Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal, así como ampliar las medidas de seguridad para todo el personal judicial, no solo para jueces que atienden casos de delincuencia organizada.
Mercedes Carbonell Peláez, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, reconoció los riesgos que implica la figura de jueces sin rostro, pero planteó que, de mantenerse, debería operar bajo estándares de acreditación extremadamente altos, como una medida de última ratio, temporal y sujeta a una estricta justificación del riesgo real, actual y grave.
LG