Activistas y pobladores de comunidades que rodean la base aérea de Santa Lucía rechazaron que se haya realizado una consulta sobre la construcción del proyecto aeroportuario y manifestaron su preocupación por el desabasto de agua, que, calculan, provocará una crisis entre 15 y 30 años.
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En entrevista, Mateo Martínez, director de sistema de agua de Tecámac, dijo que de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional del Agua, el acuífero que abastece a toda la región está sobreexplotado en un 800 por ciento.
“Aquí no tenemos ningún acuífero superficial que nos abastezca de agua potable nada más dependemos de nuestra cuenca, del acuífero y este ya está sobreexplotado, tenemos datos oficiales del CNA que cuando empezaron los proyectos de vivienda nos faltaban más de 40 millones de metros cúbicos de agua potable y ahora apenas 16 años después, nos faltan 106 millones de metros cúbicos y porque se da esto porque cada día sacamos más agua potable”
Comentó que les preocupa mucho que se diga que ya hubo una consulta, porque, subrayó, “es falso, lo que hacen es presionar a ejidatarios para que vendan”.
“Aquí nos defrauda (el presidente Andrés Manuel López Obrador) porque desgraciadamente es mentira. En octubre hubo una supuesta consulta, pero era la de Texcoco, y fue como 'si es águila gana él y sale sol pierdo yo' y le pusimos que ninguna de las dos opciones era viable”, dijo.
Mateo Martínez, doctor de profesión, dijo que desde hace tiempo han luchado contra las grandes inmobiliarias y el gobierno del Estado de México, que han intentado instalar desarrollos de mil viviendas, pero no lo han permitido por el mismo problema con el líquido.
San Pedro Xolox es otro punto en donde los pobladores están preocupados ante la falta de diálogo del gobierno. Ahí, uno de sus habitantes, Francisco Ortega, integrante de la organización Agua para todos, alega que su comunidad está en riesgo.
“El aeropuerto, en el momento que se lleve a cabo la construcción nos va afectar tanto ecológicamente como en el agua potable y territorial. Nosotros no queremos esto, queremos agua, queremos defender nuestro territorio porque al momento de iniciarse la construcción del aeropuerto nos van a reubicar y no queremos eso”
Dijo que el pozo que utilizan en Xolox se ha desviado por movimientos sísmicos y no se puede reperforar, por lo que no pueden lograr mayor volumen de agua.
“Nosotros le dimos nuestro voto al Presidente, – ¿qué le diría ahora?- Que no nos mande un problema que quitó de Atenco, considero que puede analizar otras opciones, ahí está Toluca”
En San Sebastián, un tercer punto recorrido por MILENIO, Lizbeth Laguna, vicepresidenta del Comité Ciudadano en Defensa del Agua, coincidió en señalar el estudio de la Conagua que les presentaron hace tres años que refiere la sobre explotación del acuífero en 800 por ciento.
La habitante de esta comunidad, que pertenece al municipio de Tecámac, reclama al gobierno federal, pues han buscado una reunión con las autoridades federales para hacerles ver esta situación con nula respuesta.
“Ya teníamos una reunión preparada hace unas semanas y justo el día que íbamos nos cancelaron y fue cuando dieron el anuncio que ya iniciaba la construcción.
“Para mi gusto ha sido una respuesta inapropiada para un gobierno que se dice del cambio, de la cuarta transformación y no hay diálogo aún… en Xaltocan ya los consultaron pero para comprar sus terrenos, pero para ver si estamos de acuerdo no ha habido consulta alguna”, concluye.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, ha señalado que el Estado mexicano está obligado a realizar consultas a los pueblos indígenas para la realización de proyectos de infraestructura en las comunidades que puedan tener una afectación directa a sus tierras, particularmente tierras comunales.
Refirió que este es un mecanismo de defensa establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales del país del cual México es firmante desde 1990
“El cumplimiento a lo establecido por la OIT está fundamentado en los artículos 1, 2 y 138 de la Constitución mexicana (…) el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es la instancia que debe lleva a cabo el proceso de consulta a solicitud de la dependencia que encabece el proyecto de infraestructura”, explicó en entrevista radiofónica.
VJCM