Luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó sin efectos juicios de amparo que obligaban al Gobierno de Nuevo León a retener una parte de los 2 mil 500 millones de pesos a los municipios, un grupo de alcaldes exigió la liberación de los mismos ante la Tesorería General del Estado.
Desde las 13:30 horas, los munícipes acudieron al edificio sede de la Secretaría de Finanzas, ubicado en Escobedo y 5 de Mayo, en pleno centro de Monterrey, al que pudieron ingresar para hablar con su titular Carlos Garza Ibarra, cuyo acceso fue bloqueado por un grupo de 200 habitantes.
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Los alcaldes Ignacio Castellanos, de Agualeguas; Daniel Carrillo, de San Nicolás; Cristina Díaz, de Guadalupe; David de la Peña, de Santiago; Mayra Abrego, de Doctor González; Edgar Cantú, de General Bravo; Mario Alfonso Reséndiz, alcalde de Bustamante, y Patricio Lozano, de Pesquería, arribaron arropados por gritos y vítores de los vecinos.
Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, dijo que quedaron sin efectos los juicios emprendidos por Santa Catarina y Abasolo, y reconoce la posición de que el recurso del Fondo Metropolitano corresponde a los munícipes del Pacto Por Nuevo León.
"¡Queremos el dinero, queremos el dinero, Samuel ratero, regresa el dinero!", gritan los habitantes de diferentes municipios.
"El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró sobreseídos los juicios que tenían los alcaldes de Abasolo Y Santa Catarina en contra de todas las ministraciones de los municipios que no somos de Movimiento Ciudadano, hoy le dejan claro al gobernador que son recursos ilícitos y que deben depositarlo, no nos vamos a mover los alcaldes que estamos aquí en la Tesorería hasta que nos a tienda y nos depositen los recursos que son legalmente de los vecinos y vecinas de todas las demarcaciones que vienen en la Ley de Egresos", señaló Carrillo.
"Se hizo justicia"
Por su parte, la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, señaló que por fin se hizo justicia.
“El Tribunal Federal ha cancelado los juicios que obstaculizaban la liberación de los fondos. Esta resolución obliga al Gobierno del Estado a dar los fondos públicos a los municipios”, manifestó en entrevista.
De la Garza dijo que presuntamente el gobierno de Samuel García tenía reteniendo los recursos que por Ley les corresponden a los municipios.
“Estos recursos estaban aprobados en la Ley de Egresos de 2023, para que los ayuntamientos inviertan en el cuidado y desarrollo de sus municipios. Por ello, la decisión del Tribunal Federal es un recordatorio de que, en un estado de derecho, los fondos públicos no pueden ser manipulados según los intereses individuales de los líderes políticos”, señaló.
De la Garza calificó como victoria legal y destacó que éstos fondos públicos son derecho de la gente, para que puedan tener mejores calles, alumbrado y servicios públicos.
“Este fallo judicial establece un precedente importante en Nuevo León, en cuanto al manejo de los fondos públicos y el respeto a las decisiones judiciales”, finalizó.
El diputado del PAN, Mauro Guerra, presidente del Congreso, acudió a apoyar a los alcaldes que están reunidos dentro de la edificio sede de la Tesorería, pero no se le permitió el acceso.
"Vengo aquí a respaldar a los alcaldes, a hablar con ellos, con los ciudadanos, tiene que cumplirse con la Ley y no con el capricho de una sola persona", dijo el legislador.
Retienen a alcaldes por 4 horas; denuncian ante Fiscalía
Durante cuatro horas, los alcaldes metropolitanos y foráneos acusaron ser retenidos en las oficinas de la Tesorería General del Estado, por lo que pidieron la intervención del notario público y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, señaló ante la CEDHNL que no los dejaron salir del edificio sede de la Secretaría de Finanzas, y realizó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.
Tras buscar la presencia del notario solicitado por los alcaldes para dar fe que no les recibieron la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que buscaban entregarles al tesorero.
Tres integrantes de la Dirección de Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezados por Javier Galeana, acudieron al acceso principal del edificio, por lo que los alcaldes solicitaron la presencia de Rogelio Cantú Garza, notario público 64, sin que se haya concretado esta petición.
En una pequeña abertura de dos puertas corredizas del acceso principal, el alcalde nicolaíta pudo asomarse y decir que los tenían "secuestrados" y que confirmó cuando policías de Fuerza Civil las abrieron.
"Les pido levantar un acta, si esto le hacen a 10 alcaldes, cualquier ciudadano podrían estar secuestrando en este momento, yo les pediría dar fe ante la CEDHNL y la violación de las garantías", señaló.