Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador posponer unos días la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal, para concentrarse en el Presupuesto 2021.
En una carta dirigida al titular del Ejecutivo y a los gobernadores de todo el país, señalaron que su posición es que ningún estado puede recibir menos recursos en términos reales que en 2020. Para ello, plantearon diversas medidas, entre ellas hacer la distribución geográfica de recursos pendientes y garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados.
Además, generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando remanentes de operación del Banco de México o subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y 2021. Asimismo, la creación de un fondo para atención de emergencia sanitaria de covid-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por la pandemia que tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que, en su opinión, seguirá teniendo en 2021.
Los 10 integrantes de la Alianza Federalista indicaron que 2021 será un año extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales, por ello contar con al menos los mismos recursos por parte de la Federación para los estados permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional.
"Todos los estados de la República se verán afectados por la caída propuesta en gasto federalizado, por lo que ésta no es una propuesta entre los estados agrupados en la Alianza Federalista. Esta es una propuesta que invitamos a suscribir a todas las entidades federativas del país", destaca el documento.
En la carta firmada por los 10 gobernadores que ayer se reunieron en Michoacán, se agrega que durante los últimos meses se ha manifestado la extrañeza por la negativa de la Federación a dotar a las entidades federativas de recursos emergentes para atender el severo impacto de la pandemia en los sistemas de salud y las economías locales, lo que ha presionado seriamente las finanzas estatales.
Además, recordaron que a raíz de la revisión de la Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021, "hemos hecho patente nuestra preocupación con la reducción en el gasto federalizado para las entidades federativas para el año que viene, incluyendo la reducción de las asignaciones para temas como infraestructura, seguridad, salud y la importante caída en participaciones y aportaciones presupuestada para 2021".
Reconocieron que la caída en los recursos de las participaciones al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal responde principalmente a la contracción en la Recaudación Federal Participable, resultado de los efectos de la pandemia que exacerbó una desaceleración económica que ya se manifestaba desde 2019. Sin embargo, "dicha caída trajo a la palestra lo inadecuado de nuestro sistema de coordinación fiscal (el pacto fiscal), particularmente a partir de las modificaciones que se le hicieron al esquema de distribución de las participaciones en 2007".
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Dichas modificaciones, añadieron, le dieron una mayor prevalencia en las fórmulas de distribución de los recursos que reciben los estados al factor población, disminuyendo la importancia en el cálculo del dinamismo y crecimiento económico, y la eficiencia recaudatoria de las entidades. Esto ha generado una desconexión entre el aporte que varios estados hacen a la economía, el empleo y la recaudación del país y los recursos que reciben de la Federación.
Los integrantes de la alianza señalaron que el debate sobre el coordinación fiscal es de primordial importancia para la estabilidad financiera de las entidades federativas y su capacidad futura para cumplir con sus obligaciones de proveer un entorno adecuado para la inversión y el desarrollo económico en sus territorios.
Pero consideraron que una reforma integral al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal será un proceso de más largo aliento, que probablemente requerirá también el análisis de una reforma fiscal que aumente los recursos disponibles para distribuir.
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