En cuatro años la 4T ha tenido seis intentos de desaforar al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pese a que cuentan con mayoría legislativa y encabezan la sección instructora de la Cámara de Diputados.
El caso del líder priista acumula cinco carpetas de investigación hechas por la Fiscalía de General de Justicia de Campeche, por anomalías durante su gestión de 2015 a 2019 al frente de esta entidad.
Los presuntos delitos por los que se le acusa al también senador es por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos por un estimado de 83.5 millones de pesos.
Hasta el momento las autoridades han detenido a tres personajes cercanos a Moreno Cárdenas, pese a su cercanía no fueron de primer nivel en su administración ni con toma de decisiones relevantes.
¿De quiénes se trata?
Se trata de Walter Olivera Valladares, quien fue titular de la dirección de comunicación social del priista y a quien se le acusa por el presunto desvío de 16 millones de pesos.
Fue detenido en marzo de 2025 y vinculado a proceso y posteriormente dejo la prisión preventiva, aunque su caso sigue en curso.
Esta semana, fue capturado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de las empresas de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito.
Las autoridades lo investigan por liderar una red de simulación de operaciones y pagos irregulares por cerca de 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión.
Por último, Carlos Alberto Medina, fungió también como director de comunicación social del gobierno estatal está acusado del delito de peculado por un presunto desvío de 36 millones de pesos del erario público a través de un esquema con empresas factureras.
Fuero y van seis
La odisea de la 4T contra Alejandro Moreno inició el 16 de agosto de 2022, cuando la fiscalía de Campeche solicitó iniciar el proceso de desafuero contra él por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero durante su gestión como gobernador.
En ese entonces el priista no sólo era líder nacional de su partido, también diputado federal. Apenas un mes más tarde, el proceso de congeló en la sección instructora de San Lázaro, presidida por el afín a Morena, Hugo Eric Flores.
En diciembre de ese año, cuando la oposición se unió para batear la reforma electoral que impulsaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los legisladores de Morena, volvieron a insistir en proceso de desafuero del priista.
En noviembre de 2024, Morena y sus aliados en el Congreso de Campeche presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la sección instructora de San Lázaro informar “el estado que guardaba la solicitud de desafuero y a concluir las diligencias necesarias para resolver el procedimiento iniciado desde 2022”.
En agosto de 2025, la Fiscalía de Campeche desistió formalmente de la primera solicitud, pero presentó una nueva con cinco delitos graves, abriendo un segundo proceso, para el que se entregaron cinco carpetas de investigación. El órgano legislativo de San Lázaro arrancó un nuevo proceso.
Denuncias
Ante la Fiscalía General de la República existen dos denuncias: la primera hecha por la gobernadora de Campeche en mayo de 2022 por presunto enriquecimiento ilícito derivado de irregularidades en movimientos financieros y transferencias entre cuentas vinculadas a Moreno Cárdenas.
Y la otra data de abril de 2024, en plena campaña federal, el diputado de Morena, Miguel Prado de los Santos presentó otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, en la que acusó al priista por el desvío de recursos públicos por tres mil 941 millones de pesos, tráfico de influencias, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Previo al cierre de sesiones, en marzo de este año, el diputado Hugo Eric Flores, anunció que retomaría el análisis de la solicitud de desafuero contra Moreno, aunque con el final de los trabajos legislativos se volvió a congelar.
LJ