A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a Sonora, integrantes de seis ejidos demandarán la intervención del gobierno federal para exigir la remoción de la directora del Área Natural Protegida (ANP) de Álamos, Elvira Rojero Díaz.
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Los demandantes aseguraron que la servidora pública supuestamente los denunció ante la Procuraduría General de la República (hoy FGR), por daños a zonas de reservas federales, luego de que ellos la acusaron por presuntos malos manejos de recursos.
Sin embargo, los ejidatarios fueron informados por la nueva Fiscalía General de la República que no existe alguna averiguación previa o carpeta de investigación en su contra, por lo que este sábado pedirán al presidente López Obrador que ordene la remoción de la servidora pública a quien también acusan de actos de presión e intimidación.
Aseguraron que la directora regional del Noroeste y del Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Ana Luisa Rosa Figueroa Carranza, además comprometió con los ejidatarios de la región que un funcionario de “alto nivel” investigará las denuncias de corrupción, malos manejos y ejercicio indebido del servicio público que hay contra Rojero Díaz.
Los denunciantes son integrantes de los ejidos de La Aduana, Tetajiosa, Agua Caliente, Choquincahui, Baboyahui, Guirocoba y la comunidad de Minas Nuevas, que se localizan en el municipio de Álamos.
Los inconformes buscan que el gobierno federal los apoye porque se frenó todo tipo de actividad productiva sustentable que les permita vivir del producto de sus tierras.
El presidente del comisariado ejidal de la Aduana, Manuel Torres Trujillo, y el activista José Manuel Escobedo Prieto, señalaron a Rojero Díaz ha ocupado el cargo durante los últimos tres sexenios, y ha acusado a las más de mil 200 familias de ejidatarios de ser responsables de deterioros en la reserva natural.
Mencionaron que ante Ana Luisa Rosa Figueroa, una comisión de ejidatarios planteó la necesidad de destituir a la funcionaria porque no se sabe el destino que tuvieron los recursos para la conservación de esta área natural protegida.
Los demandantes comentaron que el 70 por ciento de la población de este municipio, han sido catalogadas por el Inegi como zonas de alta y extrema pobreza.
Añadieron que también se les prohíbe el ingreso a la zona, bajo el pretexto de evitar que tomen varas o madera seca para las hornillas donde preparan sus alimentos.
Finalmente, agregaron que las autoridades en Álamos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, les condicionan también apoyos para que acepten su decisión de prohibir los trabajos de exploración minera que actualmente se realizan en la zona.