La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que un grupo de morenistas, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cometieron calumnia en contra de los diputados federales que votaron contra de la llamada reforma eléctrica, al imputarles indebidamente el delito de “traición a la patria”.
En sesión pública de hoy, la magistrada Janine Otálora aseguró que “acusar calumniosamente de traición a la patria a quienes piensan distintos es tratar de acallar el diálogo, la crítica y al final a la misma democracia”.
Por unanimidad de los magistrados electorales de la Sala Superior, se confirmó la sentencia emitida en agosto pasado por la Sala Especializada del TEPJF, la cual consideró que sí existió calumnia en los dichos de diversos personajes del partido político Morena.
La sentencia de la Sala Especializada confirmó que esos dichos fueron expresados por Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Citlalli Hernández, secretaria general del partido; Diego Hernández Gutiérrez, secretario de Comunicación y Difusión y Propaganda de Morena; Pedro Hernández, dirigente estatal en Tabasco.
Además, también cometieron calumnia el presidente Andrés Manuel López Obrador; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México e Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados federales de ese partido.
Para todos ellos, la Sala Especializada ordenó la aplicación de las sanciones correspondientes, excepto en el caso del Presidente de la República, por cuyo régimen excepcional sólo se le advirtió “que la importancia de su cargo le impone un deber de cuidado reforzado en el ejercicio de sus funciones, debido a que resulta imperiosa la exigencia de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en el desarrollo de los procesos electorales”.
Al analizar el caso impugnado, la magistrada Otálora expuso que “en las quejas se denunció la realización de una campaña sistemática en redes sociales, así como en propaganda impresa, para imputar falsamente el delito de traición a la patria a las y los legisladores federales que votaron en contra de la reforma eléctrica”.
Al votar a favor del proyecto que proponía confirmar la sentencia recurrida, la magistrada electoral afirmó que “es grave pretender imputar la comisión de un delito sin un mínimo de veracidad a quienes no coinciden con los posicionamientos políticos, intentando con ello perseguir la diversidad de pensamiento y contraviniendo el ejercicio de la libertad política que requieren las y los legisladores para ejercer su función como representantes de la voluntad popular”.
Dijo que “aceptar que en el debate político y en la generación de las leyes se puede señalar a los opositores como traidores a la patria es inaceptable, porque el hecho de perseguir a la pluralidad política y presionar con la amenaza de la imputación de un delito significa atentar contra los principios esenciales de la democracia”.
Recordó que Octavio Paz señalaba que “la democracia tiene que albergar elementos contradictorios que le hagan permanentemente crítica. El diálogo, la crítica, el intercambio de opiniones, eso es la vida política”.
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En la sentencia de la Sala Superior se consideró que la mayoría de los agravios presentados por Citalli Hernández y otros imputados se declarasen infundados e inoperantes, pero se declaró fundado el referente a la violación al principio de exhaustividad por parte de la Sala Especializada, pues “omitió analizar la violencia política e institucional denunciada, pronunciarse sobre las medidas de reparación y no repetición, así como sobre el derecho de réplica planteado en la denuncia”.
Por lo tanto, en la sentencia de la Sala Superior se ordenó confirmar la infracción de calumnia y revocar el apartado referente a la violencia política para que la Sala Especializada lleve a cabo el análisis correspondiente.
LP