El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no existe la persecución de nadie, pero dijo "no somos tapadera", luego de la petición para el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas señalado por los delitos de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho, que no somos tapadera de nadie", comentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
López Obrador reiteró que "la instrucción de los servidores públicos es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la FGR, que es la encargada de investigar y de atender esos asuntos".
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), garantizó transparencia en el procedimiento en contra del gobernador de Tamaulipas y "no va a haber falta de transparencia, no habrá caso de venganza de ningún tipo político, de ninguna naturaleza; el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron".
Ayer la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra.
Cabeza de Vaca informó en Twitter que fue notificado que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de él.
La solicitud de juicio de procedencia contra el mandatario tamaulipeco fue presentada ante la Secretaría de la Cámara de Diputados por Ancelmo Mauro Jiménez, Karina Jazmín Durán y Elizabeth Alcantar Cruz, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda.
¿Qué es la declaratoria de procedencia?
Acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público. La Cámara, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad.
Fuente: Cámara de Diputados/Sistema de Información Legislativa
IR