Una Asociación Público-Privada (APP) es un esquema de contratación acordado entre el sector público y el privado, con el objetivo de obtener financiamiento para proyectos de gran calado, el cual ha quedado prácticamente en el olvido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con MILENIO, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, detalló que este esquema “tuvo su momento culminante en los años 90, especialmente en Europa y el Reino Unido, pero el abuso de la figura ha traído dudas y cuestionamientos sobre su costo financiero e impacto”.
Comentó que actualmente las APP se utilizan con mucha cautela y han pasado sus mejores días, sumado a que esta figura ha sido evaluada de forma crítica por diversos organismos internacionales.
En este sentido, puntualizó que, en nuestro país, este tipo de acuerdos han sido cuestionados por “errores en la estimación del costo financiero; deficiencias en el diseño de contratos; hasta faltas graves en el cumplimiento de las obligaciones”, lo cual ha hecho que se lleguen a utilizar en casos de estricta vigilancia y monitoreo.
Bohórquez aclaró que la negativa de la administración federal a utilizar este tipo de esquemas de financiamiento puede deberse a que se haya hecho una revisión de “APP (anteriores) mal diseñadas o inefectivas” ; no obstante, consideró que sería importante saber el resultado de ésta y que, siempre se debe analizar si este esquema es el correcto para cada proyecto.
“Los APP, como los fideicomisos, son solo herramientas. Al igual que un destornillador o un cuchillo, las herramientas pueden ser de enorme utilidad para construir, o en las manos equivocadas, un arma mortal. El que una herramienta haya sido mal utilizada por un criminal no es razón suficiente para desaparecerla. Cada proyecto debe analizar si una APP es la solución apropiada para el problema”, dijo.
En la 4T, sólo tres licitaciones por APP
De acuerdo con información de Compranet, en el presente sexenio, el gobierno federal solamente ha lanzado tres contratos bajo esta modalidad, dos a través del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y otro por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur).
En el caso de la primera dependencia, el 5 de mayo pasado, otorgó el contrato carretero denominado “Paquete Noreste” por 9 mil 183 millones de pesos más IVA al consorcio integrado por las empresas Coconal y Operadora de Autopistas.
Dicho acuerdo consiste en el mantenimiento, rehabilitación y operación de 345 kilómetros entre cuatro autopistas, además de dos puentes fronterizos en Nuevo León y Tamaulipas hasta el 2030.
Asimismo, el 8 de julio, Banobras lanzó la licitación para el “Paquete Sureste”, contrato que cuenta con un techo presupuestal de 14 mil 134 millones de pesos más IVA y del que se dará a conocer el fallo el próximo 30 de octubre.
Este concurso tiene los mismos propósitos que el otorgado para el noreste del país, sin embargo, abarca cinco autopistas y un puente en los estados de Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco, mismo que tendrá una vigencia hasta el 2031.
Mientras que el tercero, fue anunciado por Fonatur para la construcción del tramo cinco del Tren Maya (Cancún-Tulum), para el que solamente participó el consorcio liderado por la firma estadunidenses BlackRock.
No obstante, este 8 de septiembre, la dependencia encabezada por Rogelio Jiménez Pons, declaró desierto el concurso, luego de considerar no solvente dicha propuesta.