AMLO ordena abrir archivos e instalaciones militares para víctimas de la Guerra Sucia

La comisión de la verdad, que empieza trabajos formales a partir de hoy, se puso como plazo para entregar resultado el día 30 de septiembre de 2024.

El Presidente durante la instalación de la Comisión de la verdad en Chihuahua. | Ariel Ojeda
Chihuahua /

El presidente Andrés Manuel Obrador instruyó a las Fuerzas Armadas, las secretarías de Seguridad y Gobernación, así como al Estado Mayor Presidencial, abrir sus archivos e instalaciones para garantizar información y acceso a la justicia a las víctimas de la Guerra Sucia durante el periodo de 1965 a 1990.

Durante su intervención en la instalación de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el Impulso a la justicia de las violaciones graves de los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990; el mandatario informó que se autorizaron nuevas plazas en el Archivo General de la Nación para la clasificación de expedientes y garantizó recursos sin límite para las pesquisas y búsqueda de desaparecidos.

“En lo que corresponde al gobierno que represento, al Estado mexicano, vamos a permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, y también que no haya obstáculos e impunidad para nadie. Es un trabajo muy complejo que enfrenta muchos obstáculos porque se requiere, como se ha dicho, de recursos, apoyo. No sólo es tener los archivos, sino quién los va a clasificar, quién los va a analizar, cuántos papeles”, dijo en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Esta comisión, que empieza trabajos formales a partir de hoy, se puso como plazo para entregar resultado el día 30 de septiembre de 2024.

De acuerdo con López Obrador, este trabajo, además de dar acceso a la justicia a las víctimas directas y a sus familiares, va a llevar a la no repetición y a afianzar el hábito, la cultura y defensa de los derechos humanos.

Además, aseguró que desde la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas nunca se ordenará reprimir al pueblo mexicano. En este sentido, reiteró que las fuerzas de seguridad están contribuyendo a que se respete a la ciudadanía y sus derechos.

“Ojalá y se terminen las investigaciones, los trabajos, lo más pronto posible. Quiero que antes que concluya mi mandato podamos informar y, como aquí se dijo, que podamos hacer justicia. Tenemos esto que es muy importante para atender, sobre todo, para que nunca más vuelva a suceder, nunca más, que se aleje la tentación de los gobiernos autoritarios, represivos, violadores de derechos humanos, que nunca más vuelva a pasar esto en el país”, puntualizó.

En tanto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que parte de los trabajos de la comisión consisten en la sistematización de 5 millones de fichas, 10 mil cajas de archivo y 180 millones de fojas de documentos.

Comentó que la comisión fue diseñada con colectivos de familiares de las víctimas, expertos en la materia y el gobierno federal, para contribuir al establecimiento de un régimen democrático nuevo en el que haya garantías de no repetición.

Los trabajos se centrarán en cinco ejes fundamentales: mecanismos de esclarecimiento histórico, crear un comité de impulso a la justicia, un programa especial de búsqueda de desaparecidos, otro para la reparación integral de los daños y la construcción de un centro nacional de memoria.

“Es una oportunidad que no vamos a desperdiciar, rendiremos buenas cuentas a víctimas, familiares y sobrevivientes y a toda la sociedad para cerrar esta herida abierta que todavía marca la historia de este país”, agregó.

En tanto, la activista Tita Radilla reconoció que hoy inicia un proceso esperanzador pese a la desolada crisis humanitaria que atraviesa el país y, por tanto, a nombre de las víctimas, demandó que haya estrategias contundentes, recursos suficientes para la comisión y que no sean obligados a acudir a instancias internacionales para obtener información ni que se les desgaste con amparos para poder realizar las diligencias.

“Esta comisión no es un favor, ni una concesión para las familias de colectivos, es una obligación no cumplida por más de 50 años, es una deuda con 95 mil hogares que sufren ausencias de manera forzada debido a que la impunidad se extendió como virus a todos los rincones del país. Hoy, desde esta tierra herida por feminicidios, juvenicidios y desapariciones forzadas, reconocemos que nuestras historias de denuncia han sido escuchadas”, dijo.

LP

  • Pedro Domínguez
  • pedro.fajardo@milenio.com
  • Reportero de MILENIO desde 2010. Viajo, leo y siempre quiero fumar menos. Hoy cubro Presidencia, mañana quién sabe.

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