El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la magistrada Janine Otálora de actuar de forma “parcial e ilegal”, tras presentar un proyecto en el que propone que el Tribunal Electoral inaplique el artículo del llamado plan B que ordenó el cese inmediato del ahora ex secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo, por considerar que va contra la Constitución.
Después de que MILENIO reveló este proyecto, el presidente López Obrador a través de su consejería jurídica, exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónque la magistrada Otálora no participe en la votación del asunto, al considerar que tras haberse hecho pública la propuesta se está violando el debido proceso.
Aunque el Presidente no forma parte de esta impugnación, pues se trata de un juicio electoral interpuesto por el INE y por el propio Edmundo Jacobo contra las leyes promulgadas por el Congreso de la Unión, López Obrador entró a la discusión exigiendo el veto de la magistrada.
En la petición de excusa en poder de este medio, María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente presentó un incidente de impedimento para que la magistrada se abstuviera de participar en la resolución del juicio.
La consejera jurídica expuso como base de su petición que “MILENIO publicó la nota titulada ‘Magistrada propone inaplicar destitución del secretario ejecutivo del INE’ y fue replicada por otros medios de comunicación”, por lo que alega que, al hacerse público, se vulnera el principio de imparcialidad.
Pese a que el proyecto no fue difundido por Otálora ni se expuso alguna prueba que así lo demostrara, la representante del Poder Ejecutivo la acusa de actuar “de manera parcial e ilegal” tras darse a conocer “de forma directa o indirecta su postura de magistrada ponente ante la opinión pública”.
El escrito dirigido al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, termina advirtiendo que “de estimarse lo contrario, podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el Estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”.
Por la mañana, el Presidente fue cuestionado sobre el tema, quien señaló que no le extrañaba porque “ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido”, y puso como ejemplo cuando retiraron los registros a las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán tras incumplir las normas de fiscalización, pero que López Obrador consideró que no había fundamentos jurídicos, sino que fue por consigna.
“No me extraña porque es parte de lo mismo, es el mismo grupo, lo único que dejaría de manifiesto, una vez más, es que son muy ambiciosos, sobre todo este señor (Edmundo Jacobo) que estuvo ahí 30 años, 14 y 15 años ganando un dineral; me recuerda a aquella famosa frase de la picaresca política mexicana de otros tiempos, se decía ‘vivir fuera del presupuesto es vivir en el error’”.
Sin embargo, la petición del Presidentetuvo su primer efecto al retrasar la votación del proyecto, que se difundió previo a la sesión de este miércoles, a pesar de que la magistrada Otálora lo circuló con poco tiempo de anticipación.
MILENIO confirmó que la Sala Superior acordó posponerlo, pues incluso de votarse este miércoles, se podría generar un resultado dividido, ya que sólo cuatro magistraturas estarán en la sesión pública. Primero porque la propia Otálora se encuentra en una misión con la Comisión de Venecia y no estaría en la discusión de su propuesta; Mónica Soto estará en un evento de género fuera del país en el marco del 8 de Marzo y Felipe Fuentes está de vacaciones.
Con este aplazamiento, Edmundo Jacobo seguirá destituido de la Secretaría Ejecutiva delINE al menos por una semana más, cuando se dará el que podría ser, el primer revés oficial, al Plan B de la reforma electoral. Y será en la próxima sesión, cuando las magistraturas voten si la magistrada puede o no participar en la resolución de su propio proyecto.
La propuesta de sentencia, “ordena inaplicar el artículo décimo séptimo transitorio del decreto (...) pues se trata de una norma privativa e incidir en la autonomía del órgano constitucional y en las facultades constitucionales del Consejo General delInstituto Nacional Electoral.
“La Constitución establece, de manera expresa, que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia. En consecuencia, el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria, que ‘cesará en sus funciones’ ni establecer parámetros a la autoridad administrativa nacional para efectuar una nueva designación”.
Janine Otálora explica que las leyes deben ser generales, abstractas, impersonales y vigentes; lo que no es el caso de la orden de destituir al Secretario Ejecutivo, pues “resulta una norma individualizada, pues ordena el cese del secretario y una vez que este servidor público sea destituido, pierde su vigencia pues no podrá aplicarse en el futuro de nueva cuenta”, además de que al imponer al INE una fecha para nombrar en mayo de 2023 a un nuevo secretario Ejecutivo, desconoce la autonomía y facultad de designación que recae en el Consejo General.
FR