A 12 años de la muerte de Jorge Parral Rabadán a manos del crimen organizado en Camargo, Tamaulipas, su familia sigue en busca de justicia, ahora su nieta también corre peligro y piden al Presidente de la República detener cualquier agresión en su contra y esclarecer los hechos.
Durante la Mañanera de este jueves se dio a conocer la historia Jorge, un hombre de 39 años que como cada día acudía a su trabajo en el Puente fronterizo de Camargo, donde era empleado federal de Capufe quien, de acuerdo a la familia, fue llevado por delincuentes a un rancho en Nuevo León para presuntamente ser asesinado.
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La familia acusó a los entonces gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León, Eugenio Hernández Flores y Rodrigo Medina de esconderlo en una fosa común bajo el registro de ‘sicario sin identidad’ pese a que en sus pertenencias presentaba la credencial del INE y la identificación como empleado de Capufe.
Al año sus restos fueron encontrados por sus padres, Alicia de 72 años, Jorge de 73 y su única hermana Jessica, sin embargo y pese a contar con peritajes de balística donde se ha logrado identificar el arma y al elemento militar correspondiente, no han tenido justicia.
Actualmente y con la pena embargándolos desde hace más de una década, se suma la preocupación por su nieta, a quien ‘se la quiere arrebatar’ su padre.
De acuerdo con lo señalado por los Parral Rabadán, el padre de la menor, Jesús Esteban Serrano Yáñez con supuestas ayudas de jueces a buscado se ordene la ejecución de cambio de guardia y custodia de la menor a su favor, documentación que ya tiene asignada Jessica de forma definitiva desde hace 3 años cuando el padre abandonó a la pequeña Constanza.
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Presuntamente durante la relación de sus padres, Serrano carecía de trabajo y consumía sustancias ilícitas. Peritajes psicológicos señalan como violento y peligroso al presunto agresor, incluso la psicóloga Diana Salinas interpuso una denuncia pues, al terminar una audiencia judicial, el agresor la acechó y la amenazó violentamente porque su dictamen no le resultó favorable.
Aseguran jueces han ‘obligado’ a la pequeña Constanza en medio de llantos a convivir con su padre pese a que la Ley establece que ‘las decisiones deben estar orientadas a su bien estar en ejercicio de su derechos que implica el respeto para que continúen con una vida emocionalmente sana de acuerdo con su edad’.
Por ello, y como último recurso, la familia Parral acude con el Presidente de la República para detener cualquier acción en su contra y se respeten los derechos de la pequeña pero a su vez, obtener justicia por la muerte su hijo, y así, llegue la paz tras años de lucha.
Ante esto, el mandatario federal se comprometió a colaborar con ayuda de la secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, 'ella va a atenderlos’.
SJHN