En su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador bajó el presupuesto de al menos cuatro organismos autónomos y del Poder Judicial y coló en sus filas a incondicionales de la llamada Cuarta Transformación.
En cada mañanera, o ante una pregunta, el Presidente ha dejado en claro que no cree en esos organismos, porque son “costosos, ineficientes y han guardado silencio, cómplices, ante las necesidades del pueblo”, por lo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 sufrieron un recorte de 4 mil 182 millones 922 mil pesos.
Luego de darle el triunfo a Martha Érika Alonso como gobernadora de Puebla, Janine Otálora renunció como presidenta del Tribunal Electoral “para facilitar la transición del órgano”.
En un comunicado, explicó que la vida institucional de México vive una nueva época y el TEPJF, como órgano del Poder Judicial de la Federación, debía adaptarse a los cambios.
En ese sentido, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que al titular del Ejecutivo no le gustó el voto de Otálora, quien dio el triunfo a Alonso para que fuera gobernadora, por lo que la magistrada dejó el cargo por “presión del gobierno”.
Uno de los organismos que ha sufrido más bajas es la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En junio pasado Guillermo García Alcocer renunció a su presidencia al destacar que él tenía una visión diferente a las de los nuevos integrantes de la comisión.
“Con mi salida quiero permitir que el sector se siga desarrollando con los ajustes que se requieran a partir de esta nueva visión para que se alcance el objetivo común: un sector energético dinámico, con participantes públicos y privados que sienten la base para el desarrollo nacional”, señaló en una carta al Senado.
Alcocer también se vio envuelto en una polémica con el Presidente, luego de criticar a los nuevos integrantes del pleno: Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante.
En abril pasado Guillermo Zúñiga renunció a su cargo, por lo que la CRE se quedó solo con el comisionado Luis Guillermo Pineda, elegido por la anterior administración.
En octubre, con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora cambió el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia. Con apenas 10 meses de gestión, el Presidente ya propuso a varios candidatos para el máximo tribunal: Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Riobóo, asesor de López Obrador.
Además de Celia Maya y Loretta Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, actual titular de la Fepade.
A esos perfiles se sumará la nominación que en 2021 tendrá que enviar López Obrador al Senado para sustituir al ministro Fernando Franco González Salas, quien en diciembre termina su encargo.
Para 2021 el Presidente habrá propuesto a cuatro de los 11 ministros que integrarán el máximo tribunal del país.
Uno de los autónomos con los que más ha tenido diferencias el presente gobierno es con la CNDH, incluso, por primera vez en su historia el Presidente hizo vacío en el informe de actividades del entonces ombudsman Luis Raúl González Pérez.
Durante 11 meses la comisión emitió distintas recomendaciones a la administración federal, en particular, por la cancelación del Programa de Estancias Infantiles en los estados.
Tanto el Presidente como la titular de la Secretaría del Bienestar, Luisa María Albores, cuestionaron a la CNDH sobre su actuación en otros casos de sexenios anteriores, como la Guardería ABC, la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas.
Sin embargo, una vez designada Rosario Piedra Ibarra como nueva titular, el Presidente celebró su llegada y la consideró “un ejemplo de dignidad y de justicia".
Tras la cuestionada designación, cinco integrantes del Consejo Consultivo de ese organismo presentaron su renuncia con carácter de irrevocable. Así, Alberto Manuel Athié Gallo, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz criticaron el proceso de elección que, a su juicio, estuvo “plagado de irregularidades y falta de apego a la legalidad”.
RLO