El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que envió al Senado se busca poner orden y establecer reglas claras a la actuación de agentes extranjeros en México.
En La Mañanera desde Palacio Nacional, explicó que actualmente no existe un marco legal claro, por lo que es necesario establecer que los agentes extranjeros no pueden tener relación con todas las dependencias y es necesario conocer qué tipo de misión están llevando a cabo.
“Es una iniciativa en este sentido para normar la relación porque no existe un marco legal claro sobre la cooperación, en otros países hay reglas, hay normas, en Estados Unidos de lo que pueden ellos permitir a integrantes de otros gobiernos realizar en su territorio como países independientes, libres, soberanos, entonces nosotros queremos de una vez resolver esto que las reglas estén claras, que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable”, dijo.
López Obrador descartó que esta reforma afecte las relaciones con Estados Unidos porque son respetuosos de las decisiones que se toman en México y es necesario tener, como en cualquier país del mundo, un marco jurídico para regular la cooperación en materia de seguridad.
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Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, comentó que esta reforma no está dirigida a ningún país ni agencia en específico como la DEA de Estados Unidos, sino que aplica para todos los agentes extranjeros que trabajan en México. Indicó que los elementos sustantivos de la reforma son precisar las obligaciones que tienen en México y segundo, aplicar el principio de reciprocidad.
“Tiene mucho que ver con el orden interno, que es cómo deben conducirse funcionarios respecto a agentes extranjeros acreditados en México, no es opcional, está establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía. No está en torno a una agencia o un país sino a todas las representaciones”, remarcó.
Dejó en claro que este ordenamiento aplica para los tres niveles de gobierno y prohíbe que los funcionarios tengan reuniones con agentes extranjeros porque la política exterior es potestad única del poder Ejecutivo.
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