La austeridad republicana, el ideal juarista de la justa medianía, es uno de los compromisos centrales del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, quien cumple un año de ganar en las urnas.
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El objetivo central, de acuerdo con el Proyecto de Nación, es eliminar los privilegios y excesos en la administración pública en beneficio de la población menos favorecida.
La propuesta quedó formalizada en la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada por el Congreso de la Unión, que eliminó las pensiones a los ex presidentes, los bonos, los seguros médicos privados de los servidores públicos, entre otras cosas.
¿La austeridad republicana suena tan bien cuando se aplica? En MILENIO te presentamos un balance de los resultados a un año.
Lo bueno...
La ley de austeridad eliminó el pago de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación voluntaria y seguro de vida de los servidores públicos y canceló la creación de nuevas plazas.
También acabó con el uso de escoltas, secretarios y asesores de los funcionarios.
En el caso de los ex presidentes, canceló el pago de las pensiones que cobraban, no por decreto o ley, sino por un acuerdo emitido por Miguel de la Madrid Hurtado en 1987.
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También eliminó la seguridad y el aparato burocrático al que tenían derecho, al menos temporalmente, porque López Obrador designó una escolta de cinco elementos para Vicente Fox y otra de 12, para Felipe Calderón.
El Presidente también aseguró que disminuirá 50 por ciento el presupuesto destinado a publicidad y comunicación social, pero la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal informa que puede haber ampliaciones en el gasto.
López Obrador anunció la venta del avión presidencial y aseguró que se trasladaría en vuelos comerciales.
Hasta ahora no se ha vendido la aeronave José María Morelos y Pavón.
Lo malo...
Desabasto de medicamentos
En distintos momentos de sus conferencias mañaneras, el Presidente acusó que el desabasto de medicamentos se debía en gran medida a la corrupción,porque los medicamentos se compraban a sobreprecio.
Junto a la Secretaría de Hacienda, emprendió una serie de licitaciones para abastecer los centros de salud del país.
En distintos estados hubo manifestaciones en demanda de medicinas, como la ocurrida el 13 de junio en Ciudad de México, donde pacientes con VIH bloquearon las oficinas del ISSSTE por la falta de antirretrovirales.
"Hay problema de abasto; pero les diría que estaba peor antes, es combatir la corrupción en la compra de medicamentos, pero antes no se decía nada, el Seguro Popular no tiene médicos ni medicamentos y estamos trabajando en que haya médicos y medicamentos, pero como era un desastre por completo, lleva tiempo", afirmó el Presidente el 25 de mayo en su conferencia matutina.
Caída en creación de empleos
El 19 de junio el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que durante mayo de este año se crearon 3 mil 983 empleos, cifra que representa una caída del 88.27 por ciento en comparación con mayo de 2018.
La polémica por esta cifra pronto tomó relevancia, pues el Presidente afirmó que no consideraba a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben un apoyo del gobierno en tanto se contraten como aprendices u obtengan alguna actividad laboral.
Sin embargo, más tarde, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que los jóvenes de Construyendo el Futuro no cuentan como generación de empleo, aunque deberían, pues al recibir un pago mes con mes y tener seguridad social, participan en la productividad de una empresa.
Despidos y recortes
Una de las políticas del nuevo gobierno ha sido la de la austeridad que se encamina a reducir los costos de la operatividad de las dependencias y del Estado, lo que ha generado incertidumbre en los burócratas.
Contrario a lo que aseguraba el Presidente, Joel Ayala, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), aseguró que en el sector salud, hasta mayo 23, eran 10 mil las personas que habían sido despedidas.
Francisco Javier Varela, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, informó que el recorte de 20 por ciento al presupuesto de las dependencias previsto en el memorándum de austeridad sólo afectaría al 8 por ciento (113 mil plazas de confianza) del 1.3 millones de trabajadores de la Administración Pública Federal.
El 26 de junio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que despedirá a 688 servidores públicos que fungían como mandos o enlaces, quienes serán indemnizados conforme a la ley.
En abril de este año, María Luisa Albores, subsecretaria del Bienestar, acusó que en el programa de estancias infantiles se habían hallado diversas irregularidades, entre ellas 97 mil 'niños fantasma', por lo que apegados al plan de austeridad, este programa habría de desaparecer.
A pesar de la lucha de los partidos de oposición por rescatar el programa, el gobierno le ha recortado los recursos, sin embargo, el PAN y Movimiento Ciudadano, han emprendido la lucha y han obtenido suspensiones temporales de jueces con miras a obtener los mismos recursos que recibieron en 2018.
La pelea por las supervivencia de las estancias ha escalado, por lo que el 10 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los titulares de las secretarías de Bienestar y Hacienda, así como de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y del DIF Nacional, por considerar que el nuevo modelo de entrega de apoyos directos, que sustituyen los recursos que se entregaban a estancias infantiles, violan los derechos humanos de los niños y disminuyen el estándar de protección de estos.
A dicha recomendación, el Presidente la calificó como una "vergüenza".
Desaparición de refugios
En acatamiento a la instrucción presidencial de no transferir recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Salud suspendió la convocatoria pública para la asignación de subsidios a los refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema.
La Secretaría de Salud informó la suspensión de la convocatoria a partir del 18 de febrero pasado, “acatando cabalmente la decisión del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”.
AE/OVL