Parte de la red internacional de empresas con sede en Nuevo León que usó quien fuera secretario particular de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para lavar de dinero en ese país, resultó ser la misma aunque con diferente nombre, involucrada en el desfalco multimillonario del gobierno priista de Rubén Moreira Valdez.
Algunos de los prestanombres de las compañías regias con operaciones por millones de dólares provenientes de firmas norteamericanas aparecen detrás de dos de 14 empresas que cobraron 77.7 millones de los 475 millones en el gobierno que encabezó el priista y que desató denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC).
Se trata de Comercializadora Vilansa SA de CV y Operadora de Negocios Egeo SA de CV, factureras que participaron en el saqueo al gobierno de Coahuila, cuyos accionistas y domicilios aparecen en tres de las cuatro firmas investigadas por lavado de dinero por el gobierno argentino.
Fernando Gerardo Rivera Luján y Jesús Javier Elizondo Bernal, socios de Construcciones Bulin SA de CV, aparecen en Vilansa.
Según la ASEC, el gobierno coahuilense pagó 39.8 millones de pesos a Comercializadora Vilansa por compra de cobijas, cemento, electrodomésticos y electrónicos, aunque una investigación periodística del Centro de Investigación Iniciativa Sinaloa arrojó que el monto alcanzaría hasta los 75.5 millones de pesos.
Vilansa tiene otro nexo: aparece con domicilio en Vicente Guerrero 421, en el centro del municipio de San Nicolás de los Garza, la misma ubicación de Jopa Negocios SA de CV, compañía involucrada en el entramado que encabezó el ex secretario particular presidencial argentino, Daniel Muñoz.
El nombre de Fernando Gerardo Rivera Luján vuelve a brotar en otra empresa: Xangar Negocios SA de CV - tercera firma investigada por lavado de dinero en el escándalo argentino-, junto con un segundo socio de nombre Fernando Ramírez Méndez.
Este último accionista aparece como dueño de Operadora de Negocios Egeo SA de CV, otra de las compañías donde según la Auditoría Superior del Estado de Coahuila cobró 2.1 millones de pesos al gobierno de Rubén Moreira.
Activa en el SAT desde julio del 2010, el gobierno coahuilense adquirió a Egeo paquetes de material para limpieza, por concepto de 2 millones 119 mil pesos, entregado en Ciudad Acuña, luego del tornado ocurrido en mayo de 2015.
En agosto de 2018, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó una serie de denuncias penales ante la Fiscalía General luego de hallar pagos por 475 millones de pesos a 14 empresas factureras en los ejercicios fiscales del 2014, 2015 y 2016.